CONTENIDO

CAPÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Sección I

Del Objeto de la Ley

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Sección II

Principios Generales

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Sección III

Sujetos Obligados

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

CAPÍTULO SEGUNDO

DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Sección I

Del Sistema Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Sección II

Del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48

Artículo 49

Artículo 50

Artículo 51

Artículo 52

Sección III

Del Consejo Consultivo

Artículo 53

Artículo 54

Artículo 55

CAPÍTULO TERCERO

DE LOS COMITÉS DE TRANSPARENCIA

Sección Única

De su Integración y Funciones

Artículo 56

Artículo 57

CAPÍTULO CUARTO

DE LAS UNIDADES DE TRANSPARENCIA

Sección Única

De las Funciones

Artículo 58

Artículo 59

CAPÍTULO QUINTO

DE LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA

Sección I

De la Promoción de la Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información

Artículo 60

Artículo 61

Artículo 62

Sección II

De la Transparencia Proactiva

Artículo 63

Artículo 64

Artículo 65

Artículo 66

Sección III

Del Gobierno Abierto

Artículo 67

Artículo 68

Artículo 69

Artículo 70

Artículo 71

Artículo 72

CAPÍTULO SEXTO

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS

Sección I

Disposiciones Generales

Artículo 73

Artículo 74

Artículo 75

Artículo 76

Artículo 77

Artículo 78

Artículo 79

Artículo 80

Sección II

De la Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados

Artículo 81

Sección III

De las Obligaciones de Transparencia Específicas

Artículo 82

Artículo 83

Artículo 84

Artículo 85

Artículo 86

Artículo 87

Artículo 88

Artículo 89

Artículo 90

Artículo 91

Artículo 92

Artículo 93

Sección IV

De la Verificación y Denuncia de las Obligaciones de Transparencia

Artículo 94

Artículo 95

CAPÍTULO SÉPTIMO

DE LA INFORMACIÓN CLASIFICADA

Sección I

De la Información Reservada

Artículo 96

Artículo 97

Artículo 98

Sección II

De las Disposiciones Generales de la Clasificación de la Información Reservada

Artículo 99

Artículo 100

Artículo 101

Artículo 102

Artículo 103

Artículo 104

Artículo 105

Artículo 106

Sección III

De la Información Confidencial

Artículo 107

Artículo 108

Artículo 109

Artículo 110

Artículo 111

Artículo 112

Artículo 113

Artículo 114

Artículo 115

Artículo 116

CAPÍTULO OCTAVO

DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Sección Única

Del Procedimiento de Acceso a la Información

Artículo 117

Artículo 118

Artículo 119

Artículo 120

Artículo 121

Artículo 122

Artículo 123

Artículo 124

Artículo 125

Artículo 126

Artículo 127

Artículo 128

Artículo 129

Artículo 130

Artículo 131

Artículo 132

Artículo 133

Artículo 134

Artículo 135

Artículo 136

Artículo 137

CAPÍTULO NOVENO

DE LOS RECURSOS

Sección I

Del Recurso de Revisión

Artículo 138

Artículo 139

Artículo 140

Artículo 141

Artículo 142

Artículo 143

Artículo 144

Artículo 145

Artículo 146

Artículo 147

Artículo 148

Artículo 149

Artículo 150

Artículo 151

Artículo 152

Artículo 153

Artículo 154

Artículo 155

Sección II

Del Recurso de Inconformidad

Artículo 156

Artículo 157

Artículo 158

Artículo 159

Artículo 160

Artículo 161

Sección III

Del Cumplimiento

Artículo 162

Artículo 163

Artículo 164

CAPÍTULO DÉCIMO

DE LA MEDIDAS DE APREMIO Y SANCIONES

Sección I

De las Medidas de Apremio

Artículo 165

Artículo 166

Artículo 167

Sección II

De las Sanciones

Artículo 168

Artículo 169

Artículo 170

Artículo 171

Artículo 172

Artículo 173

Artículo 174

Artículo 175

Artículo 176

Artículo 177

Artículo 178

TRANSITORIOS

Artículo Primero

Artículo Segundo

Artículo Tercero

Artículo Cuarto

Artículo Quinto

Artículo Sexto

Artículo Séptimo

CAPÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

SECCIÓN I

DEL OBJETO DE LA LEY

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de observancia general en todo el territorio del Estado de Sonora. Tiene por objeto garantizar el derecho humano de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, Ayuntamientos, órganos autónomos, partidos políticos, instituciones de educación superior, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el estado y sus municipios.

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los lineamientos que determine el Sistema Nacional de Transparencia, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de los Municipios y demás disposiciones relacionadas con la materia, se aplicarán de manera supletoria, según corresponda, en lo no previsto por esta Ley.

Artículo 2.- Son objetivos de esta Ley:

Definir las competencias del organismo garante del estado en materia de transparencia y acceso a la información;

Establecer las bases, procedimientos y condiciones homogéneas en el ejercicio del derecho de acceso a la información, mediante procedimientos gratuitos, sencillos y expeditos;

Establecer la información de interés público que se debe difundir proactivamente;

Regular la organización y funcionamiento del Sistema Estatal de Transparencia, así como establecer las bases de coordinación entre sus integrantes;

Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, el acceso a la información, la participación de la Sociedad, así como la rendición de cuentas, a través del establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, que se difunda en los formatos más adecuados y accesibles para todo el público y atendiendo en todo momento las condiciones sociales, económicas y culturales de cada región;

Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados;

Garantizar la publicidad de información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa; y

Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las medidas de apremio y las sanciones que correspondan.

Artículo 3.- Además de las definiciones contenidas en el artículo 3 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para efectos de esta Ley, se entenderá por:

Ajustes Razonables: Modificaciones y adaptaciones que sin imponer una carga desproporcionada al Sujeto Obligado garantizan el derecho de acceso a la información a las personas con discapacidad;

Áreas: Instancias que cuentan o puedan contar con la información. Tratándose del sector público, serán aquellas que estén previstas en los ordenamientos correspondientes.

Comisionado: Cada uno de los integrantes del Pleno del Instituto;

Comité de transparencia: Instancia a la que hace referencia el artículo 56 de la presente Ley;

Datos abiertos: Los datos digitales de carácter público que son accesibles en línea que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado y que tienen las siguientes características:

Accesibles: Los datos están disponibles para la gama más amplia de usuarios, para cualquier propósito;

Integrales: Contienen el tema que describen a detalle y con los metadatos necesarios;

Gratuitos: Se obtienen sin entregar a cambio contraprestación alguna;

No discriminatorios: Los datos están disponibles para cualquier persona, sin necesidad de registro;

Oportunos: Son actualizados, periódicamente conforme se generen;

Permanentes: Se conservan en el tiempo, para lo cual, las versiones históricas relevantes para uso público se mantendrán disponibles con identificadores adecuados al efecto;

Primarios: Provienen de la fuente de origen con el máximo nivel de desagregación posible;

Legibles por máquinas: Deberán estar estructurados, total o parcialmente, para ser procesados e interpretados por equipos electrónicos de manera automática;

En formatos abiertos: Son los que se definen en la fracción XIII del presente artículo;

De libre uso: Citan la fuente de origen como único requerimiento para ser utilizados libremente;

Datos Personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada e identificable de acuerdo a la normatividad en la materia.

Derecho de Acceso a la Información Pública: Se considera un derecho humano de toda persona el libre acceso a la información veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna, además comprende su facultad para solicitar, buscar, difundir, investigar y recibir información;

Días: Días hábiles, salvo indicación en otro sentido;

Documentos: Los reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados, sus servidores públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio;

Estado: El Estado de Sonora;

Expediente: Unidad documental constituida por uno o varios documentos, ordenados y relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de los sujetos obligados;

Expediente Electrónico: Es el conjunto de documentos electrónicos cuyo contenido y estructura permiten identificarlos como documentos de archivo que aseguran la validez, autenticidad, confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que contienen;

Formatos Abiertos: Conjunto de características técnicas y de presentación de la información que corresponden a la estructura lógica institucional usada para almacenar datos de forma integral y facilitan su procesamiento digital, cuyas especificaciones están disponibles públicamente y que permiten el acceso sin restricción de uso por parte de los usuarios;

Formatos Accesibles: Cualquier manera o forma alternativa que dé acceso a los solicitantes de información, en forma tan viable y cómoda para toda persona, sin dificultades para acceder a cualquier texto impreso y/o formato convencional en el que la información pueda encontrarse;

Indicadores de Gestión: La información numérica o gráfica que permite evaluar la eficacia y eficiencia en el cumplimiento del grado de ejecución de las actividades, la asignación y el uso de recursos en las diferentes etapas de los procesos, proyectos y programas; así como, los planes gubernamentales de los sujetos obligados en una dimensión de mediano y largo plazo;

Indicador de Resultados: La información que permita evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, indicando los beneficios obtenidos, de acuerdo a los resultados de la gestión;

Información: La contenida en los documentos que los sujetos obligados generan, obtienen, adquieren, transforman o conservan por cualquier título o medio;

Información Confidencial: La información en posesión de los sujetos obligados, que refiera a la vida privada y/o los datos personales; la que se refiere a los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos; así como aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados siempre que tengan el derecho a entregarla con ese carácter; por lo que no puede ser difundida, publicada o dada a conocer, excepto en aquellos casos en que así lo contemple la Ley;

Información de interés público: Se refiere a la información que resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil para que el público comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados;

Información Pública: Toda información en posesión de los sujetos obligados, con excepción de la que tenga el carácter de confidencial;

Obligaciones de transparencia: La información que los sujetos obligados deben difundir, actualizar y poner a disposición del público en medios electrónicos de manera proactiva, sin que medie solicitud de por medio;

Información Reservada: La información pública que por razones de interés público sea excepcionalmente restringido el acceso de manera temporal, de conformidad con el capítulo séptimo de esta Ley;

Instituciones de Beneficencia: Toda institución, asociación, fundación o persona moral que realice actos de beneficencia, en términos de la ley de la materia;

Instituto Nacional: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales;

Instituto u Organismo Garante: El Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales;

Ley: La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora;

Ley General: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

Medio Electrónico: Sistema electrónico de comunicación abierta, que permite almacenar, difundir o transmitir documentos, datos o información;

Organizaciones de la Sociedad Civil: Asociaciones, Sociedades Civiles e Instituciones de Asistencia Privada legalmente constituidas;

Persona: Todo ser humano o entidad jurídica;

Persona que realiza actos de autoridad: Es toda aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, transfiera, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.

Plataforma Nacional: La Plataforma Nacional de Transparencia a que hace referencia el artículo 49 de la Ley General;

Prueba de daño: Carga de los sujetos obligados de demostrar que la divulgación de información lesiona el interés jurídicamente protegido por la ley, y que el daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla;

Publicar: al acto de hacer información accesible al público en general e incluye la impresión, emisión y las formas electrónicas de difusión;

Redes sociales: Formas de comunicación electrónica por medio de comunidades virtuales con objeto de compartir información;

Servidor público: Los representantes de elección popular, los miembros de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, los integrantes de organismos públicos autónomos, los funcionarios y empleados del gobierno Estatal y Municipal de los ayuntamientos o municipios, y en general toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en las entidades públicas;

Sistema de Datos Personales: El conjunto organizado de datos personales, que estén en posesión de un sujeto obligado, sea en formato escrito, impreso, digital, sonoro, visual, electrónico, informático, holográfico o cualquier otro medio de acuerdo a la legislación en la materia;

Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información: Aquél que forma parte de la Plataforma Nacional de Transparencia, de conformidad con el artículo 50, fracción I de la Ley General;

Sistema Nacional: Sistema Nacional de Transparencia;

Sujetos obligados: Los señalados en el artículo 22 de esta Ley;

Unidad de transparencia: Instancia a la que hace referencia el artículo 58 de esta Ley; y

Versión Pública: Documento o Expediente en el que se da acceso a información eliminando u omitiendo las partes o secciones clasificadas.

Artículo 4.- El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información.

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley General y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuestos por la Ley General y esta Ley.

Artículo 5.- No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad así como con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables, de conformidad con el derecho nacional o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Artículo 6.- El Estado garantizará el efectivo acceso de toda persona a la información en posesión de cualquier sujeto obligado.

Artículo 7.- El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley General y la presente Ley.

En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley General, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia.

SECCIÓN II

PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 8.- El Instituto y los sujetos obligados deberán regir su funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios:

Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que permite conocer si las acciones del Instituto y los sujetos obligados son apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;

Eficacia: Obligación para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información;

Imparcialidad: Principio que establece que su actuación debe ser ajena o extraña a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas;

Independencia: Principio que consiste en actuar sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna;

Indivisibilidad: Principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;

Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;

Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.

Legalidad: Obligación de ajustar su actuación fundando y motivando sus resoluciones y actos en las normas aplicables;

Máxima Publicidad: Consiste en que los sujetos obligados expongan la información que poseen al escrutinio público y, en caso de duda razonable respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la información.

Objetividad: Obligación de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios personales;

Pro Personae: Principio que atiende a la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria;

Profesionalismo: Obligación de sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada;

Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso;

Transparencia: Obligación de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen; y,

Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

Artículo 9.- Ninguna persona será objeto de inquisición judicial o administrativa con el objeto del ejercicio del derecho de acceso a la información, ni se podrá restringir este derecho por vías o medios directos e indirectos.

Artículo 10.- Es obligación del Instituto otorgar las medidas pertinentes para asegurar el acceso a la información de todas las personas en igualdad de condiciones con las demás.

Está prohibida toda discriminación que menoscabe o anule la transparencia o acceso a la información pública en posesión de los sujetos obligados.

Artículo 11.- Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones definidas en esta Ley y éstas deberán ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática.

Artículo 12.- En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona.

Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga un lenguaje sencillo para cualquier persona y se procurará, en la medida de lo posible, su accesibilidad y traducción a lenguas indígenas.

Artículo 13.- El Instituto y los sujetos obligados en el ámbito de sus atribuciones, deberán suplir cualquier deficiencia para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información.

Al resolver los procedimientos y recursos establecidos en esta Ley u otra norma que le sea aplicable, el Instituto deberá suplir las deficiencias u omisiones que pudieran existir en las solicitudes o acciones de la persona.

Artículo 14.- En todo caso, si la persona omite señalar los preceptos jurídicos presuntamente violados o se citan de manera equivocada, en cualquier solicitud o derecho de acción, el Instituto resolverá tomando en consideración los que debieron ser invocados o los que mejor resulten aplicables para el caso concreto y brinden la protección más amplia de los derechos humanos a la persona.

Artículo 15.- El ejercicio del derecho de acceso a la información no estará condicionado a que el solicitante acredite interés alguno o justifique su utilización, ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad.

Artículo 16.- El ejercicio del derecho de acceso a la información es gratuito y sólo podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega solicitada.

En ningún caso los ajustes razonables que se realicen para el acceso de la información de solicitantes con discapacidad, será con costo a los mismos.

Artículo 17.- Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones.

Artículo 18.- Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados.

Artículo 19.- Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las excepciones contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones.

Artículo 20.- Todo procedimiento en materia de derecho de acceso a la información deberá sustanciarse de manera sencilla y expedita, de conformidad con las bases de la Ley General, esta Ley y los lineamientos que en la materia expida el Sistema Nacional.

Artículo 21.- En el procedimiento de acceso, entrega y publicación de la información se propiciarán las condiciones necesarias para que ésta sea accesible a cualquier persona, de conformidad con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SECCIÓN III

SUJETOS OBLIGADOS

Artículo 22.- Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. A saber:

El Poder Ejecutivo y sus dependencias, entidades y órganos de la administración pública estatal centralizada y descentralizada, así como las unidades de apoyo directamente adscritas al Ejecutivo;

El Poder Judicial, sus órganos jurisdiccionales, administrativos, auxiliares y dependencias, así como el resto de los entes públicos, cualquiera que sea su denominación o estructura;

El Poder Legislativo, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización y sus órganos y dependencias;

Los Ayuntamientos y sus dependencias, así como las entidades y órganos de la administración pública municipal centralizada y descentralizada;

Los órganos autónomos previstos en la Constitución Política del Estado de Sonora y en las leyes estatales;

Los sindicatos que reciben recursos públicos y las instituciones y entidades de interés público;

Los organismos electorales;

Los partidos políticos, candidatos independientes, las asociaciones políticas y los organismos semejantes reconocidos por la ley;

Las personas privadas, físicas o morales, que por cualquier motivo y de cualquier modo, reciban recursos públicos para su ejercicio con ese carácter o ejerzan actos de autoridad;

Las instituciones de educación superior que reciban y ejerzan recursos públicos;

Los fideicomisos, empresas paraestatales y fondos públicos o mixtos en lo que se refiere a los recursos públicos involucrados, así como aquellas empresas de participación estatal.

Artículo 23.- Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza:

Constituir el Comité de Transparencia, las Unidades de Transparencia y vigilar su correcto funcionamiento de acuerdo a su normatividad interna;

Designar a los titulares de las Unidades de Transparencia que dependan directamente del titular del sujeto obligado y que, preferentemente, cuenten con experiencia en la materia;

Proporcionar capacitación continua y especializada al personal que forme parte de los Comités y Unidades de Transparencia;

Constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental, conforme a la normatividad aplicable;

Promover la generación, documentación y publicación de la información en Formatos Abiertos y Accesibles;

Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial;

Asegurar la protección de los datos personales en su posesión de acuerdo a la normatividad aplicable;

Reportar al Instituto sobre las acciones de implementación de la normatividad en la materia, en los términos que determinen los lineamientos;

Atender los requerimientos, observaciones y criterios que, en materia de transparencia y acceso a la información, realice el Instituto y el Sistema Nacional;

Fomentar el uso de tecnologías de la información para garantizar la transparencia, el derecho de acceso a la información y la accesibilidad a éstos;

Cumplir con las resoluciones emitidas por el Instituto;

Publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de transparencia;

Difundir proactivamente información de interés público;

Contar con el material y equipo de cómputo adecuado, así como la asistencia técnica necesaria, a disposición del público para facilitar las solicitudes de acceso a la información, así como la interposición de los recursos de revisión en términos de la presente Ley;

Contar con la infraestructura y los medios tecnológicos necesarios para garantizar el efectivo acceso a la información de las personas con algún tipo de discapacidad, para lo cual podrá valerse de las diversas tecnologías disponibles para la difusión de la información pública;

Elaborar y publicar un informe anual de las acciones realizadas en la materia y de implementación de las bases y principios de la presente Ley;

Contar con una página web con diseño adaptable a dispositivos móviles, que tenga cuando menos un buscador temático y un respaldo con todos los registros electrónicos para cualquier persona que lo solicite; y

Las demás que resulten de la normatividad aplicable.

Artículo 24.- Los fideicomisos y fondos públicos, considerados entidades paraestatales deberán dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en esta Ley, a través de sus propias áreas, unidades de transparencia y comités de transparencia. En el caso de los fideicomisos y fondos públicos que no cuenten con estructura orgánica y, por lo tanto, no sean considerados una entidad paraestatal, así como de los mandatos públicos y demás contratos análogos, cumplirán con las obligaciones de esta Ley a través de la unidad administrativa responsable de coordinar su operación.

Artículo 25.- Por operaciones fiduciarias se entenderán aquellas que se realicen en virtud de fideicomisos públicos considerados entidades paraestatales o paramunicipales, así como fideicomisos, mandatos o contratos análogos que involucren recursos públicos estatales o municipales.

Artículo 26.- La información generada por los fideicomisos públicos, mandatos o contratos análogos, será de acceso público en los términos de esta Ley. Los sujetos obligados deberán publicar en su página de internet, la relación de los fideicomisos, mandatos o contratos análogos a los que aporten recursos presupuestarios y el monto de los mismos.

Artículo 27.- Tratándose de fideicomisos no considerados entidades paraestatales o paramunicipales que involucren recursos públicos estatales o municipales, y/o recursos privados, el acceso a la información deberá otorgase únicamente por lo que se refiere a la aplicación de recursos públicos estatales o municipales, según corresponda.

Artículo 28.- En el caso de fideicomisos privados que involucren recursos públicos estatales y/o municipales, la dependencia o entidad que erogue las aportaciones estatales o municipales, según corresponda, deberá otorgar acceso a la información relativa únicamente por lo que se refiere a la aplicación de los recursos públicos respectivos.

Artículo 29.- Son prohibiciones de los sujetos obligados:

Retirar la información derivada del cumplimiento de las obligaciones de transparencia de sus portales de Internet o de las plataformas del instituto;

Declinar la admisión de las solicitudes de acceso o declarar la inexistencia de la información cuando se refieren a documentos que legalmente tienen la obligación de generar.

CAPÍTULO SEGUNDO

DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

SECCIÓN I

DEL SISTEMA ESTATAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Artículo 30.- La presente sección tiene por objeto regular la integración y objetivo del Sistema Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Sonora.

Artículo 31.- El Sistema Estatal tiene como objetivo fortalecer la comunicación, el dialogo, la vinculación y ser un instrumento de cooperación y colaboración, que auxilie a la coordinación interinstitucional de quienes contribuyen a la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas en la Entidad, y cuya coordinación sea para la promoción del derecho de acceso a la información y la difusión de una cultura de la transparencia y su accesibilidad.

Artículo 32.- El Sistema Estatal estará integrado por las siguientes instancias:

Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales;

Poder Legislativo;

Poder Judicial;

Poder Ejecutivo, a través de las siguientes dependencias:

Secretaría de la Controlaría General;

Secretaría de la Consejería Jurídica del Ejecutivo; y

Secretaría de Educación y Cultura;

Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización; y

Gobiernos municipales del Estado;

A invitación del Instituto, podrán asistir a las reuniones del Sistema Estatal, con voz pero sin voto, las demás instancias, organizaciones civiles, académicos y expertos que por su función, competencia y experiencia estén relacionadas con Transparencia, Acceso a Información y Rendición de Cuentas.

Los integrantes del Sistema, excepto el contenido en la fracción I de este artículo, participarán con voz pero sin voto en las reuniones del Sistema Estatal.

Corresponde al Instituto la rectoría del Sistema Estatal, cuyas resoluciones serán inatacables.

SECCIÓN II

DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Artículo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución Política del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad jurídica, patrimonio y competencia propios.

Artículo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política Local y la Ley General;

Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos obligados, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Noveno, Sección I de esta Ley;

Imponer las medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones;

Presentar petición fundada al Instituto Nacional para que ejerza su facultad de atracción y conozca de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten;

Promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información;

Promover la cultura de la transparencia;

Capacitar a los integrantes de los sujetos obligados y brindarles apoyo técnico en materia de transparencia y acceso a la información;

Establecer políticas de transparencia proactiva atendiendo a las condiciones económicas, sociales y culturales;

Suscribir convenios con los sujetos obligados que propicien la publicación de información en el marco de las políticas de transparencia proactiva;

Suscribir convenios de colaboración con particulares o sectores de la sociedad cuando sus actividades o productos resulten de interés público o relevancia social;

Suscribir convenios de colaboración con otros organismos garantes para el cumplimiento de sus atribuciones y promover mejores prácticas en la materia;

Coordinarse con las autoridades competentes para que en los procedimientos de acceso a la información, así como en los medios de impugnación, se contemple contar con la información necesaria en lenguas indígenas y formatos accesibles, para que sean sustanciados y atendidos en la misma lengua y, en su caso, se promuevan los ajustes razonables necesarios si se tratara de personas con discapacidad;

Garantizar condiciones de accesibilidad para que los grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad de circunstancias, su derecho de acceso a la información;

Interponer acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia en contra de leyes expedidas por el Congreso del Estado que vulneren el derecho de acceso a la información pública.

A más tardar 15 días naturales después de publicada en el Boletín Oficial del Estado cualquier ley o reforma en materia de derecho a la información pública, el Pleno del Instituto, en sesión pública, deberá emitir opinión sobre el cuerpo normativo publicado y acordar sobre el ejercicio de la facultad a que se refiere el párrafo anterior;

Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y ampliar el conocimiento sobre la materia de acceso a la información;

Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y en las demás disposiciones aplicables;

Determinar y ejecutar, según corresponda, las sanciones, de conformidad con lo señalado en la presente Ley;

Promover la participación y colaboración con organismos internacionales, en el análisis y mejores prácticas en materia de acceso a la información pública;

El Instituto en el ejercicio de sus atribuciones y para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, fomentará los principios de gobierno abierto, la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la accesibilidad y la innovación tecnológica;

El Instituto podrá emitir recomendaciones a los sujetos obligados para diseñar, implementar y evaluar acciones de apertura gubernamental que permitan orientar las políticas internas en la materia;

Emitir su reglamento interno, manuales y demás normas que faciliten su organización y funcionamiento; y

Las demás que les confieran la Ley General, esta Ley y otras disposiciones aplicables.

Artículo 35.- El Instituto tiene la facultad de establecer la estructura, forma y modalidades de su organización y funcionamiento interno, conforme a los principios y bases constitucionales y de la ley general en materia de derecho de acceso a la información pública y del derecho de protección de datos personales, sin perjuicio del principio de disponibilidad presupuestal.

Artículo 36.- El patrimonio del Instituto estará constituido por:

Los ingresos que perciba conforme a la partida que establezca su presupuesto anual de egresos, así como los que perciba por las sanciones que ejecute;

Los bienes muebles e inmuebles y demás ingresos que el gobierno federal, estatal y los ayuntamientos, le aporten para la realización de su objeto;

Los subsidios y aportaciones permanentes, periódicas o eventuales, que reciba de los gobiernos federal, estatal y municipal y, en general, los que obtenga de instituciones públicas, privadas o de particulares;

Las donaciones, herencias y legados que se hicieren a su favor;

Los ingresos por concepto de multas a las que se refieren los artículos 165 y 176 de la presente Ley; y

Todos los demás bienes o ingresos que adquiera por cualquier otro medio legal.

Artículo 37.- El instituto administrará su patrimonio conforme a las bases siguientes:

Los recursos que integran su patrimonio, serán ejercidos en forma directa por los órganos del instituto; o bien, por quien el Pleno del Instituto autorice, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;

El Congreso del Estado revisará y fiscalizará la cuenta pública del Instituto, en los términos de las disposiciones aplicables;

El ejercicio presupuestal del Instituto deberá ajustarse a los principios de honestidad, legalidad, optimización de recursos, racionalidad e interés público y social;

El Instituto manejará su patrimonio prudentemente conforme a las disposiciones aplicables. En todo caso, el Instituto requerirá el acuerdo del Pleno para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario o para celebrar actos o convenios que comprometan al Instituto por un plazo mayor al período de su encargo, por lo que el Instituto deberá observar las disposiciones aplicables a los órganos de gobierno de las entidades de la Administración Pública Estatal. El convenio siempre será por un tiempo determinado y con un objeto preciso; y

En todo lo relativo a la administración, control y fiscalización de su patrimonio, el instituto deberá observar las disposiciones aplicables a los órganos de gobierno de las entidades de la Administración Pública Estatal, según la materia de que se trate, emitiendo el Pleno, bajo su responsabilidad, los lineamientos que provean lo necesario para la correcta aplicación de esas disposiciones.

Artículo 38.- A más tardar el 16 de septiembre de cada año el Pleno del Instituto acordará el proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del siguiente año, mismo que deberá poner a su consideración oportunamente la Presidencia con las previsiones temporales, técnicas y materiales que amerite, para su correcto y exhaustivo análisis y discusión.

Una vez acordado por el Pleno del Instituto, se remitirá al Poder Ejecutivo y Legislativo del Estado para ser integrado al Proyecto de Presupuestos de Egresos del año que corresponda.

El proyecto de presupuesto de egresos del Instituto, contemplará en su máximo desglose las partidas presupuestales necesarias para el cumplimiento de su objeto.

Artículo 39.- El Instituto contará con los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para el ejercicio de sus funciones.

Artículo 40.- El Instituto gozará, respecto de su patrimonio, de las franquicias, exenciones y demás prerrogativas concedidas a los fondos y bienes del Estado.

Artículo 41.- La presidencia del Instituto deberá presentar en el mes de enero de cada año, un informe ante el Congreso del Estado sobre los trabajos realizados en el año que precede, mismo que deberá incluir la información de la evolución de los indicadores de gestión y de resultados, el comportamiento de los sujetos obligados en el cumplimiento de las normas aplicables, en la promoción de la transparencia proactiva, gobierno abierto y los retos que se tendrán que enfrentar.

Una vez analizado dicho informe el Congreso, por conducto de la comisión correspondiente, requerirá la presencia de los integrantes del Instituto para atender cualquier observación o cuestionamiento relacionado con dicho informe o con el estado que guarda la transparencia en la entidad.

Artículo 42.- El Instituto tendrá un Consejo General que será su órgano supremo, al cual se le denominará Pleno, integrado por tres Comisionados o Comisionadas Propietarios, quienes durarán en su encargo siete años y no podrán ser reelectos.

Cada uno de los Comisionados o Comisionadas será designado por el Congreso del Estado, mediante el voto de cuando menos las dos terceras partes de los diputados presentes, a propuesta de la Comisión de Transparencia del Congreso del Estado.

Las y los Comisionados Propietarios designarán a su Presidente de entre sus miembros, el cual durará en su encargo un periodo de dos años.

El Congreso del Estado, al momento de la designación de las y los Comisionados Suplentes, fijará su orden de prelación, para efectos de las ausencias definitivas o temporales de los propietarios.

Para dar cumplimiento a lo señalado anteriormente y que el Congreso del Estado designe a los comisionados, se seguirán las reglas siguientes:

Se invitará a los ciudadanos mediante convocatoria suscrita por la Mesa Directiva del Congreso del Estado, en los medios de comunicación impresos de mayor circulación en el Estado y el Boletín Oficial del Estado de Sonora.

En la convocatoria se establecerán los plazos, lugares y horarios de presentación de las solicitudes, los requisitos y la forma de acreditarlos.

Las y los interesados en participar acudirán a presentar su solicitud y anexarán la anuencia de sujetarse a los resultados que se obtengan y su autorización para el tratamiento de sus datos personales, mediante el siguiente procedimiento:

Cualquier ciudadano que aspire al cargo de comisionado, podrá registrarse dentro del plazo de diez días naturales posteriores a la expedición de la misma, presentando su solicitud y documentos ante el Congreso del Estado.

Concluido el plazo para el registro, la Mesa Directiva del Congreso del Estado, dentro de los cinco días naturales siguientes, hará público un listado de la misma manera en que se hizo pública la convocatoria, en el que señale el número de aspirantes registrados y determine quiénes cumplieron con los requisitos formales exigidos en la convocatoria. De la misma manera, en la citada lista se establecerá y hará pública la posibilidad de que dentro de los cinco días naturales siguientes a la publicación de la lista, cualquier persona interesada, con apoyo en pruebas suficientes, pueda presentar comentarios y objeciones a la candidatura de cualquiera de los aspirantes.

Los aspirantes inscritos y que hayan cumplido los requisitos serán convocados a comparecer en audiencia públicaante la Comisión de Transparencia del Congreso del Estado, en cual se determinara si cumplen con el perfil adecuado que marca la Ley y la Convocatoria correspondiente para ejercer el cargo de Comisionado. Se deberán difundir las versiones públicas de los currículos de los aspirantes.

Concluido el período de comparecencias, la Comisión de Transparencia del Congreso del Estado, mediante dictamen presentará la propuesta de designación de comisionados al Pleno del Congreso del Estado, para su discusión y, en su caso, aprobación; y

El dictamen que presente la Comisión de Transparencia, se aprobará cuando obtenga el voto favorable de las dos terceras partes del Congreso del Estado. En caso de que el dictamen no hubiera obtenido la votación requerida para su aprobación, la Comisión deberá presentará otra propuesta a consideración del Pleno del Congreso del Estado hasta obtener la aprobación correspondiente.

En la conformación del Pleno del Instituto, no habrá más de dos Comisionados o Comisionadas de un mismo género. En el procedimiento de designación se garantizará la transparencia, independencia y participación de la sociedad.

Artículo 43.- Para ser designado comisionado del Instituto se deberá acreditar cumplir con los siguientes requisitos:

Ser ciudadano mexicano con residencia efectiva de un año en el Estado de Sonora;

No haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso;

Tener al día de su designación, por lo menos 5 años de título profesional legalmente expedido;

Contar con grado de licenciatura;

No haber ocupado algún puesto de elección popular, no haber sido presidente de un partido o agrupación política, o ministro de culto religioso; y

Se procurará que cuenten con experiencia en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales.

Artículo 44.- Los comisionados del Instituto en funciones recibirán una remuneración equitativa, adecuada e irrenunciable por el desempeño de su cargo, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo. Los comisionados no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión con excepción de los no remunerados, en instituciones docentes o científicas.

Artículo 45.- El Pleno y el Instituto serán presididos por un comisionado quien tendrá la representación legal del mismo, que durará en su encargo un periodo de dos años sin posibilidad de renovarse. El período de la elección será por un lapso menor, solo cuando con alguno de dichos períodos se rebase el tiempo por el que fue designado como Comisionado quien deba ocupar la Presidencia.

El Comisionado Presidente será elegido por mayoría de los comisionados.

La designación del Comisionado Presidente se comunicará de inmediato para su conocimiento a los Poderes del Estado y a los organismos públicos autónomos.

Artículo 46.- El Instituto contará con un Contralor Interno de conformidad con la normatividad aplicable.

Artículo 47.- La función de los comisionados se sujetará a los principios de autonomía, independencia, legalidad, excelencia, profesionalismo, imparcialidad, objetividad, probidad y honestidad.

Todo comisionado se tendrá por forzosamente impedido para conocer y deberá excusarse:

En los asuntos en que tengan interés directo o indirecto;

En los que interesen de la misma manera a su cónyuge o a sus parientes consanguíneos en línea recta, sin limitación de grado, a los colaterales dentro del cuarto, y a los afines dentro del segundo;

Si el solicitante o el comisionado ha hecho promesas o amenazas o ha manifestado de otro modo su odio o afecto por alguno de ellos; y

En los demás casos en que de alguna forma se pueda afectar la imparcialidad del comisionado.

La excusa podrá ser presentada de oficio por el comisionado o mediante escrito del solicitante. Una vez presentada la excusa, deberá hacerse del conocimiento del Pleno en la próxima sesión, debiendo resolver éste sobre su procedencia en la misma sesión.

Cualquier ciudadano o sujeto obligado podrá presentar recusa en contra de los comisionados o personal del Instituto, bajo las causales previstas en el presente artículo. El Pleno deberá resolver el incidente como de previo especial pronunciamiento y notificar al promovente de la resolución emitida en estos casos.

Los comisionados y el personal del Instituto harán pública una "Declaratoria de Conflicto de Intereses", en la cual deberán enunciar los intereses personales y familiares que pudiesen entrar en incompatibilidad con sus funciones.

Artículo 48.- Las licencias y renuncias de los comisionados serán otorgadas por el pleno del Congreso del Estado o la Diputación Permanente, en su caso, en votación por mayoría absoluta.

Se entenderá por licencias aquellas autorizaciones temporales sin goce de sueldo otorgadas a un comisionado para ausentarse de sus funciones.

Artículo 49.- No se concederán licencias con goce de remuneración, salvo tratándose de licencias por enfermedad, gravidez o causas médicas graves.

Artículo 50.- Para los efectos del artículo 48 de la presente Ley, la renuncia se entenderá como la separación definitiva que realice una persona que ostente el cargo de comisionado al mismo.

Artículo 51.- En caso de ausencia del Comisionado Presidente fungirá como tal, de carácter interino, el Comisionado con mayor antigüedad en el cargo. De ser definitiva, el Congreso del Estado designará un nuevo integrante en un plazo no mayor a 30 días.

Artículo 52.- En caso de ausencia definitiva de uno o más de los comisionados, el Instituto deberá de hacerlo del conocimiento del Congreso del Estado de forma inmediata para que se inicie el proceso de designación correspondiente.

SECCIÓN III

DEL CONSEJO CONSULTIVO

Artículo 53.- El Instituto tendrá un Consejo Consultivo, integrado de forma colegiada y por tres ciudadanos, los cuales serán designados como consejeros honoríficos y por un plazo de tres años, con posibilidad de reelección.

Artículo 54.- El Consejo Consultivo será nombrado por el Congreso del Estado bajo el procedimiento que para tal efecto se determine previa una amplia consulta pública con la sociedad.

En su integración se deberá garantizar la igualdad de género y la inclusión de personas provenientes de la sociedad civil y la academia, con experiencia y probado compromiso en las materias derechos humanos y de esta Ley.

Artículo 55.- El Consejo Consultivo tendrá las siguientes atribuciones:

Opinar sobre el programa anual de trabajo y su cumplimiento;

Opinar sobre el proyecto de presupuesto para el ejercicio del año siguiente;

Conocer el informe del instituto sobre el presupuesto asignado a programas y el ejercicio presupuestal y emitir las observaciones correspondientes;

Emitir opiniones sobre temas relevantes en las materias de transparencia y acceso a la información;

Emitir opiniones técnicas para la mejora continua en el ejercicio de las funciones sustantivas del instituto;

Opinar sobre la adopción de criterios generales en materia sustantiva; y

Analizar y proponer la ejecución de programas, proyectos y acciones relacionadas con las materias de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.

CAPÍTULO TERCERO

DE LOS COMITÉS DE TRANSPARENCIA

SECCIÓN ÚNICA

DE SU INTEGRACIÓN Y FUNCIONES

Artículo 56.- En cada sujeto obligado se constituirá un Comité de Transparencia colegiado y formado por un número impar, integrado preferentemente por el encargado de la Dirección Jurídica, la Dirección Administrativa y el titular de la Unidad de Transparencia.

Todos los Comités de Transparencia deberán registrarse ante el Instituto. El Comité de Transparencia adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. A sus sesiones podrán asistir como invitados aquellos que sus integrantes consideren necesarios, quienes tendrán voz pero no voto.

Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender jerárquicamente entre sí, tampoco podrán reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. Cuando se presente el caso, el titular del sujeto obligado tendrá que nombrar a la persona que supla al subordinado.

Los integrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a la información para determinar su clasificación, conforme a la normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el resguardo o salvaguarda de la información.

La clasificación, desclasificación y acceso a la información que generen o custodien las instancias de inteligencia e investigación deberá apegarse a los términos previstos en la presente Ley y a los protocolos de seguridad y resguardo establecidos para ello.

Artículo 57.- El Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:

Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información;

Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

Ordenar, en su caso, a las Áreas competentes que generen la información que derivado de sus facultades, competencias y funciones deban tener en posesión o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga, de forma fundada y motivada, las razones por las cuales, en el caso particular, no ejercieron dichas facultades, competencias o funciones;

Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del derecho de acceso a la información;

Promover la capacitación y actualización de los Servidores Públicos o integrantes adscritos a las Unidades de Transparencia;

Establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales, para todos los Servidores Públicos o integrantes del sujeto obligado;

Recabar y enviar al Instituto, de conformidad con los lineamientos que estos expidan, los datos necesarios para la elaboración del informe anual;

Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información a que se refiere el artículo 101 de la Ley General y 106 de esta Ley; y

Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable.

CAPÍTULO CUARTO

DE LAS UNIDADES DE TRANSPARENCIA

SECCIÓN ÚNICA

DE LAS FUNCIONES

Artículo 58.- Los sujetos obligados, de las listas de personal certificado por el órgano garante, designarán al responsable de la Unidad de Transparencia que dependerá del titular del sujeto obligado y se integrará por un responsable y por el personal que para el efecto se designe.

Los sujetos obligados harán del conocimiento del Instituto la integración de la Unidad de Transparencia, que deberá estar en oficinas visibles y accesibles al público y que tendrá las siguientes funciones:

Recabar y difundir la información a que se refieren los Capítulos II, III, IV y V del Título Quinto de Ley General, como la correspondiente del Capítulo Sexto de esta Ley y propiciar que las Áreas la actualicen periódicamente, conforme la normatividad aplicable;

Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;

Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable;

Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la información;

Efectuar las notificaciones a los solicitantes;

Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la normatividad aplicable;

Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;

Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, costos de reproducción y envío;

Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad;

Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado;

Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y en las demás disposiciones aplicables; y

Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable.

Los sujetos obligados promoverán acuerdos con instituciones públicas especializadas que pudieran auxiliarles a entregar las repuestas a solicitudes de información, en la lengua indígena, braille o cualquier formato accesible correspondiente, en forma más eficiente.

Artículo 59.- Cuando alguna Área de los sujetos obligados se negara a colaborar con la Unidad de Transparencia, ésta dará aviso al titular del sujeto obligado para que le ordene realizar sin demora las acciones conducentes. Cuando persista la negativa de colaboración, la Unidad de Transparencia lo hará del conocimiento de la autoridad competente para que ésta inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad respectivo.

CAPÍTULO QUINTO

DE LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA

SECCIÓN I

DE LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA Y EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Artículo 60.- Los sujetos obligados deberán cooperar con el Instituto para capacitar y actualizar, de forma permanente, a todos sus Servidores Públicos e integrantes en materia de transparencia y derecho de acceso a la información a través de los medios que se considere pertinente.

Con el objeto de crear una cultura de la transparencia y acceso a la información, el Instituto promoverá, en colaboración con instituciones educativas y culturales del sector público o privado, actividades, mesas de trabajo, exposiciones y concursos relativos a estas materias.

Artículo 61.- El Instituto, en el ámbito de sus competencias o a través de los mecanismos de coordinación que al efecto establezca, podrá:

Proponer, a las autoridades educativas competentes que incluyan contenidos sobre la importancia social del derecho de acceso a la información en los planes y programas de estudio de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y para la formación de maestros de educación básica en sus respectivas jurisdicciones;

Promover, entre las instituciones públicas y privadas de educación media superior y superior, la inclusión, dentro de sus programas de estudio, actividades académicas curriculares y extracurriculares, de temas que ponderen la importancia social del derecho de acceso a la información y rendición de cuentas;

Promover que en las bibliotecas y entidades especializadas en materia de archivos se prevea la instalación de módulos de información pública, que faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información y la consulta de la información derivada de las obligaciones de transparencia a que se refiere esta Ley;

Proponer, entre las instituciones públicas y privadas de educación superior, la creación de centros de investigación, difusión y docencia sobre transparencia, derecho de acceso a la información y rendición de cuentas;

Establecer, entre las instituciones públicas de educación, acuerdos para la elaboración y publicación de materiales que fomenten la cultura del derecho de acceso a la información y rendición de cuentas;

Promoverla participación ciudadana y de organizaciones sociales en talleres, seminarios y actividades que tengan por objeto la difusión de los temas de transparencia y derecho de acceso a la información;

Desarrollar programas de formación de usuarios de este derecho para incrementar su ejercicio y aprovechamiento, privilegiando a integrantes de sectores vulnerables o marginados de la población;

Impulsar estrategias que pongan al alcance de los diversos sectores de la sociedad los medios para el ejercicio del derecho de acceso a la información, acordes a su contexto sociocultural; y

Desarrollar, con el concurso de centros comunitarios digitales y bibliotecas públicas, universitarias, gubernamentales y especializadas, programas para la asesoría y orientación de sus usuarios en el ejercicio y aprovechamiento del derecho de acceso a la información.

Artículo 62.- Para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley, los sujetos obligados podrán desarrollar o adoptar, en lo individual o en acuerdo con otros sujetos obligados, esquemas de mejores prácticas que tengan por objeto:

Elevar el nivel de cumplimiento de las disposiciones previstas en la presente Ley;

Armonizar el acceso a la información por sectores;

Facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información a las personas; y

Procurar la accesibilidad de la información.

SECCIÓN II

DE LA TRANSPARENCIA PROACTIVA

Artículo 63.- El Instituto emitirá políticas de transparencia proactiva en atención a los lineamientos generales definidos para ello por el Sistema Nacional, diseñadas para incentivar a los sujetos obligados a publicar información adicional a la que establece como mínimo la presente Ley. Dichas políticas tendrán por objeto, entre otros, promover la reutilización de la información que generan los sujetos obligados, considerando la demanda de la sociedad.

Artículo 64.- El Instituto generará los lineamientos para que los sujetos obligados puedan almacenar documentos físicos en formatos electrónicos, con sistemas de catalogación y consultas accesibles, dotándoles de medios de autentificación y firmas electrónicas. Estos mismos lineamientos establecerán las normas generales para que los sujetos obligados puedan cambiar la naturaleza de ciertos documentos, de archivo físico a electrónico, sin que se consideren legalmente como destruidos.

Artículo 65.- La información publicada por los sujetos obligados, en el marco de la política de transparencia proactiva, se difundirá en los medios y formatos que más convengan al público al que va dirigida.

Artículo 66.- El Instituto aplicará los criterios que emita el Sistema Nacional para evaluar la efectividad de la política de la transparencia proactiva, considerando como base, la reutilización que la sociedad haga a la información.

La información que se publique, como resultado de las políticas de transparencia, deberá permitir la generación de conocimiento público útil, para disminuir asimetrías de la información, mejorar los accesos a trámites y servicios, optimizar la toma de decisiones de autoridades o ciudadanos y deberá tener un objeto claro enfocado en las necesidades de sectores de la sociedad determinado o determinable.

SECCIÓN III

DEL GOBIERNO ABIERTO

Artículo 67.- El Instituto promoverá y coadyuvará con los sujetos obligados y representantes de la sociedad civil en la implementación de mecanismos de colaboración para la promoción e implementación de políticas y mecanismos de gobierno abierto que:

Mejoren el desempeño del ejercicio gubernamental.

Atiendan demandas específicas de la sociedad y aporten a su solución.

Mejoren la calidad de la información y promuevan la difusión de conocimiento público que permita la participación informada de la sociedad.

Artículo 68.- Los sujetos obligados procurarán, en el ámbito de sus competencias, establecer servicios públicos o trámites a través de herramientas digitales.

Artículo 69.- Los sujetos obligados procurarán implementar medios de autenticación digital para trámites y servicios públicos.

Artículo 70.- Los sujetos obligados procurarán establecer canales de comunicación con los ciudadanos, a través de las redes sociales y plataformas digitales que les permitan participar en la toma de decisiones.

Artículo 71.- El Instituto integrará una comisión de gobierno abierto con participación de la sociedad civil organizada, que proponga mejores prácticas de participación ciudadana, datos abiertos, uso de tecnologías de la información y colaboración en la implementación y evaluación de políticas públicas del Estado.

Artículo 72.- El Instituto expedirá una certificación a las personas físicas o morales que cumplan con las obligaciones de la presente Ley, de acuerdo a las bases y los requisitos de las reglas de operación que se expidan para la certificación.

CAPÍTULO SEXTO

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS

SECCIÓN I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 73.- Los Sujetos Obligados a que se refiere la presente Ley deberán poner a disposición de los particulares la información a que se refiere este Capítulo en sus correspondientes sitios de internet y a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en los términos de lo dispuesto en esta Ley y la Ley General.

Artículo 74.- La información a que se refiere el presente Capítulo procurará ser publicada por los sujetos obligados, en los términos señalados en el artículo anterior y de conformidad con los lineamientos técnicos y los formatos de publicación de la información que emita el Sistema Nacional, para asegurar que la información sea veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible y verificable.

Sin perjuicio de lo anterior, La página de inicio de los portales de Internet de los sujetos obligados tendrá un vínculo de acceso directo al sitio donde se encuentra la información pública a la que se refiere este Título, el cual deberá contar con un buscador.

Artículo 75.- La información señalada en el presente Capítulo deberá actualizarse por lo menos cada tres meses, salvo los casos en que en la presente Ley u otra disposición normativa se establezca un plazo diverso, y deberá permanecer disponible y accesible en el portal de internet respectivo, por el plazo mínimo que corresponda y de acuerdo a las cualidades de la información, según los criterios que para tal propósito emita el Sistema Nacional.

En todo caso, la publicación de la información a que se refiere este Capítulo deberá indicar el sujeto obligado encargado de generarla, así como la fecha de su última actualización, precisado por cada rubro de información.

Artículo 76.- El Instituto, de oficio o a petición de los particulares, verificará el cumplimiento que los sujetos obligados den a las disposiciones previstas en este Capítulo.

Las denuncias presentadas por los particulares por incumplimiento a las disposiciones del presente Capítulo, podrán realizarse en cualquier momento, de conformidad con el procedimiento señalado en la presente Ley.

Artículo 77.- La información de obligaciones de transparencia deberá publicarse con perspectiva de género y discapacidad, cuando así corresponda a su naturaleza.

Artículo 78.- El Instituto y los sujetos obligados establecerán las medidas que faciliten el acceso y búsqueda de la información para personas con discapacidad y se procurará que la información publicada sea accesible de manera focalizada a personas que hablen alguna lengua indígena.

Para efecto del párrafo anterior, el instituto y los sujetos obligados deberán promover y desarrollar de forma progresiva, políticas y programas tendientes a garantizar la accesibilidad de la información en la máxima medida posible, sin perjuicio de las labores que para tal propósito realice el Sistema Nacional.

Artículo 79.- Los sujetos obligados pondrán a disposición de las personas interesadas equipos de cómputo con acceso a Internet, que permitan a los particulares consultar la información o utilizar el sistema de solicitudes de acceso a la información en las oficinas de las Unidades de Transparencia. Lo anterior, sin perjuicio de que adicionalmente se utilicen medios alternativos de difusión de la información, cuando en determinadas poblaciones éstos resulten de más fácil acceso y comprensión.

Artículo 80.- Los sujetos obligados, incluso dentro de los procesos electorales, a partir del inicio de las precampañas y hasta la conclusión del proceso electoral, deberán mantener publicada, accesible y actualizada la información a que se refiere el presente Capítulo, salvo disposición expresa en contrario en la normatividad electoral.

SECCIÓN II

DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS

Artículo 81.- Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos portales y sitios de internet, de conformidad con lo dispuesto en el presente Capítulo y de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información de los temas, documentos y políticas que establece el artículo 70 de la Ley General, así como también la siguiente información adicional:

Dentro del formato que especifique su estructura orgánica, se deberá aclarar el nivel salarial o tabular de cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, así como los puestos vacantes de dicha estructura y los requisitos para poder acceder a los mismos;

El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, fotografía, cargo o nombramiento asignado, versión pública de su currículo, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales.

En el caso de la fotografía se presumirá el consentimiento del servidor público, salvo que éste indique por los medios conducentes su oposición. La fotografía de los servidores públicos que realizan funciones directamente relacionadas con la seguridad pública, la seguridad de funcionarios públicos, la procuración e impartición de justicia no deberán ser publicadas, salvo que éstos manifiesten expresamente su voluntad para ese efecto;

La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, prestadores de servicios profesionales o miembros de los sujetos obligados; incluyendo todas las percepciones, sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración y debiendo incluir adicionalmente lo relativo al tipo de seguridad social con el que cuentan;

Los servicios a su cargo y los trámites, requisitos y formatos correspondientes y, en su caso, el monto de los derechos para acceder a los mismos, debiendo incluir además información sobre la población a la cual están destinados los programas;

La información relativa a gastos de representación y viáticos deberá presentarse de manera que se pueda relacionar individualmente con el funcionario que ejerce tales recursos o reciba los viáticos;

El perfil de puestos de los servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular o titulares del sujeto obligado;

La información en Versión Pública de las Declaraciones Patrimoniales, de Conflicto de Intereses y Fiscal de los Servidores Públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la fracción XII del artículo 70 de la Ley General;

El nombre del titular de la Unidad de Transparencia, domicilio oficial, correo electrónico oficial y el número telefónico de la misma;

Dentro de la información financiera que deberá hacer pública cada sujeto obligado, se deberá especificar el presupuesto de ingresos y de egresos autorizado por la instancia correspondiente del ejercicio fiscal vigente y un apartado con el histórico con un mínimo de diez años de antigüedad; así como los avances en la ejecución del vigente. Para el cumplimiento de los avances de ejecución deberá publicarse en los sitios de internet correspondientes, los estados financieros trimestrales.

En el caso del Poder Ejecutivo, dicha información será proporcionada respecto a cada dependencia, entidad y unidad de apoyo por la Secretaría de Hacienda, la que además informará sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública del Estado.

En el caso de los Ayuntamientos, la referida información será proporcionada respecto a cada dependencia y entidad por el Tesorero Municipal, que además informará sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública del Ayuntamiento.

Los sujetos obligados proporcionarán las bases de datos de la información financiera en formatos que permitan su manejo y manipulación para fines de análisis y valoraciones por parte de la población;

Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen según corresponda, por la Contraloría General del Estado, las Contralorías Internas, el Órgano Interno de Control y Evaluación Gubernamental de cada Municipio, el Órgano Fiscalizador del Congreso y los auditores externos, incluyendo, en su caso, las aclaraciones que correspondan;

Las cuentas públicas que deba presentar cada sujeto obligado, según corresponda;

La Deuda Pública y las instituciones a las que se adeuda;

La relación de fideicomisos públicos o mixtos, mandatos o contratos análogos a los que aporten recursos públicos, el monto de los mismos, sus documentos básicos de creación, así como sus informes financieros;

El padrón vehicular, indicando las funciones a las que se encuentre asignado cada vehículo;

Los planes, programas o proyectos con los indicadores de gestión, los indicadores de resultados y sus metas, de tal forma que permita la evaluación del desempeño por cada área;

Las actas relativas a los procesos de entrega-recepción realizados conforme a la normatividad aplicable;

La georreferenciación e imagen de todas las obras públicas, señalando: sector al que pertenece, ubicación y monto asignado y ejercido;

Dentro de los gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial, los sujetos obligados deberán especificar el presupuesto aprobado por partida y el presupuesto ejercido, la fecha de inicio y fecha de término del concepto o campaña, la dependencia, entidad o área solicitante, el tipo de medio de comunicación utilizado, el costo por inserción, y el padrón de proveedores específico en este concepto de gasto;

Los índices de expedientes clasificados como reservados elaborados, tiempo de reserva, motivación y fundamento legal, organizados por rubros temáticos y presentada de forma trimestral; y,

Las solicitudes de acceso a la información pública, las denuncias y recursos presentados en contra de su actuación en esta materia, y las respuestas que se les dé, incluyendo, en su caso, la información entregada, a través del sistema de solicitudes de acceso a la información;

La descripción de las reglas de procedimiento para obtener información.

Los convenios institucionales celebrados por el sujeto obligado, especificando el tipo de convenio, con quién se celebra, objetivo, fecha de celebración y vigencia, así como copia digitalizada del convenio para su descarga;

El listado, estado procesal y sentido de la resolución de los juicios de amparo, de las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad presentadas ante el Poder Judicial de la Federación en los que sean parte;

La calendarización de las reuniones públicas de los diversos consejos, comités, órganos colegiados, gabinetes, ayuntamientos, sesiones plenarias, comisiones y sesiones de trabajo a que se convoquen;

Se deberán difundir las correspondientes minutas o actas de dichas reuniones y sesiones;

Las opiniones, estudios, análisis, recomendaciones y/o puntos de vista documentados que formen parte de los procesos deliberativos de los servidores públicos en materia de adquisiciones y obra pública, hasta que haya sido adoptada la decisión definitiva.

La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del documento respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente:

De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:

La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;

Los nombres de los participantes o invitados;

El nombre del ganador y las razones que lo justifican;

El Área solicitante y la responsable de su ejecución;

Las convocatorias e invitaciones emitidas;

Los dictámenes y fallo de adjudicación;

El contrato, la fecha, monto y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra licitada y, en su caso, sus anexos;

Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda;

La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el caso de ser aplicable;

Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, así como el tipo de fondo de participación o aportación respectiva;

Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de celebración;

Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados;

El convenio de terminación, y

El finiquito.

De las Adjudicaciones Directas:

La propuesta enviada por el participante;

Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;

La autorización del ejercicio de la opción;

En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y los montos;

El nombre de la persona física o moral adjudicada;

La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;

El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra;

Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda;

Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados;

En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación.

El convenio de terminación, y

El finiquito.

Esta difusión deberá incluir el padrón de proveedores y contratistas así como los informes de avance sobre las obras o servicios contratados.

Los catálogos documentales de sus archivos administrativos.

Los Sujetos Obligados deberán informar al Instituto, cuáles son los rubros del presente artículo que son aplicables a sus páginas de Internet, con el objeto de que el Instituto verifique y apruebe de forma fundada y motivada la relación de fracciones aplicables a cada ente.

SECCIÓN III

DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA ESPECÍFICAS

Artículo 82.- Además de lo dispuesto en el artículo anterior y lo establecido en el artículo 71 de la Ley General, los sujetos obligados del Poder Ejecutivo del Estado deberán poner a disposición del público y mantener actualizada, en términos de lo establecido en el presente Capítulo, la siguiente información, según corresponda:

Las Estadísticas e índices delictivos, así como los indicadores de la procuración de justicia;

En materia de averiguaciones previas: estadísticas sobre el número de averiguaciones previas que fueron desestimadas, en cuántas se ejerció acción penal, en cuántas se decretó el no ejercicio y cuántas se archivaron, además de las órdenes de aprehensión, presentación y cateo;

Las cantidades recibidas por concepto de multas y el destino al que se aplicaron;

Los reglamentos expedidos en ejercicio de sus atribuciones, sus modificaciones y su fecha de publicación y entrada en vigor;

Las iniciativas de Leyes y Decretos presentados ante el Congreso del Estado, mismas que deberán publicarse dentro de los cinco días siguientes a la fecha de su presentación ante el Poder Legislativo;

Las Leyes y Decretos Legislativos sancionados y publicados, indicando la fecha de recepción del proyecto correspondiente por parte del Congreso Estatal y, en su caso, la fecha de su devolución del proyecto correspondiente con observaciones al Congreso del Estado;

El listado de notarias existentes, los expedientes que se integraron para otorgar cada una de ellas como establece la ley en la materia, debiendo proporcionar la demarcación territorial, domicilio, su dirección física y electrónica, teléfono y el nombre del notario en funciones.

El atlas estatal de riesgos;

Programa Estatal de Protección Civil y demás programas específicos, sectoriales, regionales, de contingencias o acciones que de éstos se deriven;

El calendario del ciclo escolar;

La lista de útiles escolares básicos por nivel educativo señalando los que son proporcionados por la autoridad educativa;

La base de datos que dé cuenta de todos los hospitales y centros de salud en el estado, incluyendo su presupuesto, ubicación, el personal asignado y el equipamiento con el que cuente;

Los procedimientos de visitas de verificación, vigilancia, revisión o inspección sanitaria que realice la Secretaría de Salud en cumplimiento de sus atribuciones, detallando el resultado y en su caso las sanciones que se hayan formalizado;

Las medidas preventivas para el cuidado de la salud, de acuerdo a la temporada;

Los principales indicadores sobre la actividad jurisdiccional de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, que deberán incluir, al menos, los asuntos iniciados, en trámite y resueltos;

La lista de los sindicatos registrados ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y los nombres de los dirigentes de los mismos;

Las listas de acuerdos la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado;

Los laudos laborales que hayan causado ejecutoria en su versión pública;

El nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de los contribuyentes a los que se les hubiera cancelado o condonado algún crédito fiscal, así como los montos respectivos. Asimismo, la información estadística sobre las exenciones previstas en las disposiciones fiscales;

El listado de expropiaciones, que contenga al menos, fecha de expropiación, domicilio y utilidad pública;

Los programas de exenciones o condonaciones de impuestos locales o regímenes especiales en materia tributaria local y los requisitos establecidos para la obtención de los mismos.

El Plan Estatal de Desarrollo, vinculado con los programas operativos anuales y los respectivos indicadores de gestión que permitan conocer las metas, por unidad responsable, así como los avances físicos y financieros, para cada una de las metas.

Sobre los indicadores de gestión se deberá difundir, además, el método de evaluación con una justificación de los resultados obtenidos y el monto de los recursos públicos asignados para su cumplimiento;

Las solicitudes de impacto ambiental y los resolutivos emitidos por la autoridad competente;

Las opiniones técnicas en materia de impacto ambiental emitidas en evaluaciones realizadas por la autoridad competente;

Las factibilidades de uso de suelo emitidas durante los cinco años previos;

El programa de ordenamiento territorial estatal; el listado de personas físicas y morales registrados como micro generadores de residuos peligrosos; y,

La información que sea de utilidad o resulte relevante para el conocimiento y evaluación de las funciones y políticas públicas.

Artículo 83.- Además de lo dispuesto en el artículo 81 de esta Ley y lo establecido en el artículo 72 de la Ley General, el Poder Legislativo del Estado deberá poner a disposición del público y mantener actualizada, en términos de lo establecido en el presente Capítulo, la siguiente información:

La información de cada diputado local que especifique el nombre de su suplente, en su caso, las comisiones a los que pertenece, las iniciativas y productos legislativos presentados, su historial de asistencia, registro de puntualidad e inasistencia a sesiones de Pleno y de comisiones de los que forme parte, y el sentido de su votación en cada asunto legislativo en los que hubiere participado. Se incluirán datos biográficos y fotografía; grupo parlamentario, información sobre el método de elección; entidad, distrito y/o circunscripción, trayectoria legislativa, trayectoria política; trayectoria académica; trayectoria administrativa y actividades en el sector privado así como datos de contacto.

La agenda legislativa del Congreso del Estado y las propuestas por cada Diputado o Diputada, grupo o representación parlamentaria;

Las listas de asistencia y votación de los dictámenes tratados en cada una de las sesiones de Pleno del Congreso del Estado y de las Comisiones;

Un resumen general de las iniciativas de ley, acuerdo o decreto presentadas ante el Congreso, indicando su autor, la fecha en que se recibieron, las comisiones a las que se turnaron y los dictámenes emitidos respecto a las mismas;

Cada uno de los indicadores contemplados por el Comité Ciudadano de Evaluación al Desempeño Legislativo y los informes que éste presente;

Los montos de las dietas, las partidas presupuestales, fondos legislativos y cualquier otro recurso que por cualquier concepto hubiere sido asignado y ejercido por los Diputados, Grupos Parlamentarios, las comisiones, la Mesa Directiva o cualquiera de los demás órganos del Congreso del Estado, así como los criterios de asignación;

El domicilio donde se encuentren ubicadas las oficinas de cada uno de los Diputados que sean operadas con recursos públicos;

Los informes de actividades que presentan los Diputados, el lugar donde los realizan y el origen y monto total de los recursos que utilizan para tal propósito;

La programación de las reuniones de las Comisiones, incluyendo fecha y hora.

El informe de los viajes oficiales, nacionales y al extranjero de los Diputados o del personal de las dependencias, direcciones generales y unidades administrativas señalando el motivo de los mismos;

Los dictámenes de cuenta pública, así como los estados financieros y demás información que los órganos de fiscalización superior utilizan para emitir dichos dictámenes; y

Los demás informes que deban presentarse conforme a su Ley Orgánica.

Artículo 84.- Además de lo dispuesto en el artículo 81 de la presente Ley y lo establecido en el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Poder Judicial del Estado deberá poner a disposición del público y mantener actualizada, en términos de lo establecido en el presente Capítulo, la siguiente información:

El Supremo Tribunal de Justicia:

Lista de asistencia y orden del día de las Sesiones del Pleno;

Acta, minuta y/o Versión Estenográfica de las Sesiones del Pleno y sus comisiones;

Votación de los acuerdos sometidos a consideración del Pleno;

Acuerdos y Resoluciones del Pleno;

Estadística Judicial;

Versión pública de las sentencias relevantes, así como ejecutorias sobresalientes pronunciadas por el Pleno y las Salas, con los respectivos votos particulares si los hubiere;

Carrera judicial, convocatorias, registro de aspirantes y resultados de las evaluaciones;

Inventario de vehículos de su propiedad, asignación y uso de cada uno de ellos;

Monto y manejo de los recursos económicos de los Fideicomisos existentes;

Monto y periodicidad de los apoyos económicos y en especie otorgados a sus trabajadores en todos sus niveles y tipos de contratación;

Programa anual de obras, programa anual de adquisiciones y programa anual de enajenación de bienes; y

El boletín judicial, así como cualquier otro medio en el que se contengan las listas de acuerdos, laudos, resoluciones, sentencias relevantes y la jurisprudencia.

Consejo del Poder Judicial:

Acuerdos y/o resoluciones del Consejo, cuando así lo determinen sus integrantes;

Acuerdos y minutas de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Consejo, cuando así lo determinen sus integrantes;

Procedimiento de ratificación de Jueces;

Aplicación y destino de los recursos financieros;

Viajes oficiales nacionales y al extranjero de los jueces, magistrados consejeros o del personal de las unidades administrativas;

Inventario de los bienes inmuebles propiedad del Consejo, así como el uso y destino de cada uno de ellos; y

Resoluciones del órgano de control interno.

Las listas de Acuerdos que en el ejercicio de sus funciones emitan los órganos jurisdiccionales;

La cuenta pública del Poder Judicial;

El monto, destino y aplicación del Fondo para la Administración de Justicia, o cualquier otro fondo que administre de acuerdo a la Ley;

Las actas de las visitas de inspección realizadas por parte de Visitaduría, siempre y cuando no obstaculicen u obstruyan las actividades de la Visitaduría y la determinación de responsabilidades;

Estadísticas de amparos concedidos en contra de las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales;

Los programas y cursos ofrecidos por el área de Capacitación Judicial, así como las convocatorias a concursos para ocupar cargos jurisdiccionales y los resultados de las mismas;

Las sanciones disciplinarias impuestas a los integrantes de este Poder, en su caso;

La agenda de audiencias jurisdiccionales pública de cada Juez y Magistrado durante su horario de trabajo; y

Cualquier otra información que se considere relevante a juicio del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia.

En el caso del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, se deberán publicar la información prevista en las disposiciones de este artículo, en lo que le resulte aplicable.

Artículo 85.- Además de lo dispuesto en el artículo 81 de esta Ley y lo establecido en el artículo 71 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los Ayuntamientos en el Estado deberá poner a disposición del público y mantener actualizada, en términos de lo establecido en el presente Capítulo, la siguiente información:

El Plan Municipal de Desarrollo, así como los planes y programas operativos anuales que se deriven de éste;

Las estadísticas e indicadores de gestión en materia de seguridad pública, tránsito y gobierno municipal;

Las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones, que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria;

Los empréstitos, deudas contraídas, así como la enajenación de bienes inmuebles y vehículos;

Los ingresos por concepto de participaciones y aportaciones federales y estatales; así como por la recaudación que se integre a la hacienda pública municipal;

Los indicadores de gestión de los servicios públicos que presten los Ayuntamientos;

Las actas de las sesiones del cabildo y sus comisiones, detallando la asistencia, votaciones y resoluciones que durante tales sesiones se hubieren emitido;

El calendario de actividades culturales, deportivas o recreativas a realizar;

Los programas de exenciones o condonaciones de impuestos municipales o regímenes especiales en materia tributaria local, así como los requisitos establecidos para la obtención de los mismos;

La información que muestre el estado que guarda su situación patrimonial, incluyendo la relación de los bienes muebles e inmuebles y los inventarios relacionados con altas y bajas en el patrimonio del municipio;

Los proyectos de reglamentos, bandos municipales u otras disposiciones administrativas de carácter general que se sometan a consideración del Ayuntamiento, así como el estado que guardan.

Estadística de los cuerpos de seguridad del municipio, incluyendo: estado de fuerza, resultado de certificación, programa de contratación e indicadores de desempeño;

Las iniciativas de ley, decretos, reglamentos o disposiciones de carácter general o particular en materia municipal;

Los usos de suelo a través de mapas y planos georreferenciados que permitan conocer de manera rápida y sencilla el tipo de uso de suelo con que cuenta cada predio, así como el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, o documentos similares que permitan conocer las reglas de uso de suelo y los tipos de uso de suelo permitidos en los predios del municipio;

Calendario con horarios, número de unidad y teléfonos de servicio de recolección de basura;

El nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de los contribuyentes a los que se les hubiera cancelado o condonado algún crédito fiscal, así como los montos respectivos;

El atlas municipal de riesgos en versión digital;

Un listado con el nombre de personas físicas o morales y la ubicación del predio que cuenten con constancia de uso de suelo o licencia de funcionamiento donde se desarrollen actividades del sector energético y de exploración, explotación y beneficio de minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos;

Actas de reuniones del Consejo Consultivo del organismo operador de agua potable y alcantarillado;

Cuentas públicas del organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento;

Programas de ordenamiento ecológico municipal decretados y bitácora ambiental;

Los programas de desarrollo urbano municipal vigentes, incluyendo tablas de compatibilidades de uso de suelo, mapas y anexos;

Listado de congruencias de uso de suelo aprobadas para la obtención de concesiones de Zona Federal Marítimo Terrestre;

Listado con el nombre de las personas físicas o morales registrados como micro generadores de residuos peligrosos y biológico-infecciosos;

Listado de licencias de construcción autorizadas y directores responsables de obra;

Las asignaciones de agua autorizadas por la Comisión Nacional del Agua al organismo operador de agua potable y alcantarillado;

Los estudios que se realicen sobre la calidad del agua destinada al servicio de agua potable en el municipio y los mantos acuíferos, así como los resultados obtenidos de los mismos; y,

Los resultados de estudios de calidad del aire por municipio.

En los municipios con población indígena, el Ayuntamiento deberá hacer lo conducente para hacer asequible la información a que se refiere este artículo.

Los Ayuntamientos que así lo requieran, podrán solicitar al Instituto que de manera subsidiaria divulgue vía electrónica la información pública de oficio que señala este capítulo.

Artículo 86.- Además de lo dispuesto en el artículo 81 de esta Ley y lo establecido en el artículo 74, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el Estado deberá poner a disposición del público y mantener actualizada, en términos de lo establecido en el presente Capítulo, la siguiente información:

El listado y las versiones públicas de las recomendaciones emitidas, su destinatario o autoridad a la que se recomienda y el estado que guarda su atención, incluyendo, en su caso, las minutas de comparecencias de los titulares que se negaron a aceptar las recomendaciones; cuidando en todo momento no difundir información de acceso restringido;

Las quejas, denuncias e impugnaciones concluidas, presentadas ante las autoridades administrativas y penales respectivas, señalando el estado procesal en que se encuentran y, en su caso, el sentido en el que se resolvieron;

Estadísticas sobre las quejas presentadas que permitan identificar la edad y el género de la víctima, el motivo de la denuncia y la ubicación geográfica del acto denunciado, cuidando en todo momento no revelar información de acceso restringido.

Las versiones públicas del acuerdo de conciliación, previo consentimiento del quejoso;

Listado de medidas precautorias, cautelares o equivalentes giradas, una vez concluido el Expediente;

Toda la información con que cuente, relacionada con hechos constitutivos de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, una vez determinados así por la autoridad competente, incluyendo, en su caso, las acciones de reparación del daño, atención a víctimas y de no repetición;

La información relacionada con las acciones y resultados de defensa, promoción y protección de los derechos humanos;

Las actas y versiones estenográficas de las sesiones del consejo consultivo, así como las opiniones que emite;

Los resultados de los estudios, publicaciones o investigaciones que realicen;

Los programas de prevención y promoción en materia de derechos humanos;

El estado que guardan los derechos humanos en el sistema penitenciario y de readaptación social;

El seguimiento, evaluación y monitoreo, en materia de igualdad entre mujeres y hombres;

Los programas y las acciones de coordinación con las dependencias competentes para impulsar el cumplimiento de tratados de los que el Estado mexicano sea parte, en materia de Derechos Humanos, y

Los lineamientos generales de la actuación de la Comisión y recomendaciones emitidas por el Consejo.

El directorio de las oficinas regionales de atención ciudadana, el nombre del servidor público responsable, teléfono y correo electrónico oficiales;

Artículo 87.- Además de lo dispuesto en el artículo 81 de esta Ley y lo establecido en el artículo 74, fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y el Tribunal Estatal Electoral en el Estado deberán poner a disposición del público y mantener actualizada, en términos de lo establecido en el presente Capítulo, la siguiente información:

Respecto al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana:

Los expedientes sobre los recursos y quejas resueltas por violaciones a la normatividad electoral aplicable;

Actas, acuerdos,minutas y/o un archivo audiovisual de las Sesiones del Pleno del Instituto y de las Comisiones;

Los programas institucionales en materia de capacitación, educación cívica, participación ciudadanay fortalecimientos de los partidos políticos, candidatos independientes y demás asociaciones políticas;

La división del territorio que comprende el Estado en Distritos Electorales Uninominales y en demarcaciones territoriales;

El acuerdo o resolución que recaiga respecto a los Informes entregados a la autoridad electoral sobre el origen, monto y destino de los recursos por parte de los partidos políticos;

Los informes presentados por los partidos políticos debiendo hacerlos públicos, en los términos de este artículo tan pronto como sean recibidos.

El resultado de las auditorías y verificaciones que ordene el mismo Instituto sobre el manejo y distribución de los recursos públicos de los partidos políticos con registro oficial deberá hacerse público al concluir el procedimiento de fiscalización respectivo;

Programa anual de obras, programa anual de adquisiciones y programa anual de enajenación de bienes; y

Las demás que establezca la normatividad vigente.

En el caso del Tribunal Estatal Electoral:

Las sentencias que hayan causado ejecutoria, cuidando en todo momento no difundir información de acceso restringido;

Listas de acuerdos, resoluciones, votos particulares, votos concurrentes y demás datos relevantes;

Lista de asistencia y orden del día de las Sesiones del Pleno;

Acta, minuta y un archivo audiovisual de las Sesiones del Pleno;

Votación de los resolutivos sometidos a consideración del Pleno;

Estadística Judicial;

Programa anual de obras, programa anual de adquisiciones y programa anual de enajenación de bienes; y

Las demás que establezca la normatividad vigente.

Artículo 88.- Además de lo dispuesto en el artículo 81 de esta Ley y lo establecido en el artículo 74, fracción III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales deberá poner a disposición del público y mantener actualizada, en términos de lo establecido en el presente Capítulo, la siguiente información:

La relación de observaciones y resoluciones emitidas y el seguimiento a cada una de ellas, incluyendo las respuestas entregadas por los sujetos obligados a los solicitantes en cumplimiento de las resoluciones;

Los criterios orientadores que deriven de sus resoluciones;

Estadísticas e indicadores sobre los recursos de revisión, en donde se identifique el sujeto obligado recurrido, el sentido de la resolución y el cumplimiento de las mismas, así como las resoluciones que se emitan, y de los incumplimientos a las resoluciones dictadas;

Los estudios que apoyan la resolución de los recursos de revisión;

En su caso, las sentencias, ejecutorias o suspensiones judiciales que existan en contra de sus resoluciones;

Estadísticas sobre las solicitudes de información y de datos personales. En ellas, se deberá identificar: el Sujeto Obligado que la recibió, el perfil del solicitante, el tipo de respuesta, y la temática de las solicitudes;

Las actas, las versiones estenográficas, la liga de grabaciones y la liga de Internet donde se pueden ver en directo las sesiones celebradas del pleno;

Los resultados de la evaluación del cumplimiento de la Ley a los Sujetos Obligados;

Informes e indicadores sobre las acciones de promoción de la cultura de transparencia;

El número de vistas a los órganos internos de control de los Sujetos Obligados, que hayan incumplido las obligaciones en transparencia;

El número de quejas, denuncias y recursos de revisión dirigidos a cada uno de los Sujetos Obligados,

Los amparos, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y los recursos de inconformidad que existan en contra de sus resoluciones; y

Las demás que se consideren relevantes y de interés para el público.

Artículo 89.- Además de lo dispuesto en el artículo 81 de esta Ley y lo establecido en el artículo 76 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los Partidos Políticos deberán poner a disposición del público y mantener actualizada, en términos de lo establecido en el presente Capítulo, la siguiente información:

El padrón de afiliados o militantes de los partidos políticos, que contendrá, exclusivamente: apellidos, nombre o nombres, fecha de afiliación y lugar de residencia;

Los acuerdos y resoluciones de los órganos de dirección de los partidos políticos;

Los convenios de participación entre partidos políticos con organizaciones de la sociedad civil;

Contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes y servicios;

Las minutas de las sesiones de los partidos políticos;

Los responsables de los órganos internos de finanzas de los partidos políticos;

Las organizaciones sociales adherentes o similares a algún partido político;

Los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por sus militantes;

Los montos autorizados de financiamiento privado, así como una relación de los nombres de los aportantes vinculados con los montos aportados;

El listado de aportantes a las precampañas y campañas políticas;

El acta de la Asamblea Constitutiva, así como de las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias;

Las demarcaciones electorales en las que participen;

Los tiempos que les corresponden en canales de radio y televisión;

Sus documentos básicos, plataformas electorales y programas de gobierno y los mecanismos de designación de los órganos de dirección en sus respectivos ámbitos;

El directorio de sus órganos de dirección;

El tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes de los órganos a que se refiere la fracción anterior y de los demás funcionarios partidistas, que deberá vincularse con el directorio y estructura orgánica; así como cualquier persona que reciba ingresos por parte del partido político, independientemente de la función que desempeñe dentro o fuera del partido;

El currículo con fotografía reciente de todos los candidatos a cargos de elección popular, con el cargo al que se postula, el distrito electoral, la demarcación territorial y la entidad;

El currículo de los dirigentes a nivel de la entidad;

Los convenios de frente, coalición o fusión que celebren o de participación electoral que realicen;

Las convocatorias que emitan para la elección de sus dirigentes o la postulación de sus candidatos a cargos de elección popular y, en su caso, el registro correspondiente;

Los responsables de los procesos internos de evaluación y selección de candidatos a cargos de elección popular, conforme a su normatividad interna;

Informes sobre el gasto del financiamiento público ordinario recibido para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres;

Las resoluciones dictadas por los órganos de control;

Los montos de financiamiento público otorgados mensualmente, en cualquier modalidad, a sus órganos de dirección, así como los descuentos correspondientes a sanciones;

El estado de situación financiera y patrimonial; el inventario de los bienes inmuebles de los que sean propietarios, así como los anexos que formen parte integrante de los documentos anteriores;

Las resoluciones que emitan sus órganos disciplinarios de cualquier nivel, una vez que hayan causado estado;

Los nombres de sus representantes ante la autoridad electoral competente;

Los mecanismos de control y supervisión aplicados a los procesos internos de selección de candidatos;

El listado de fundaciones, asociaciones, centros o institutos de investigación o capacitación o cualquier otro que reciban apoyo económico de los partidos políticos, así como los montos destinados para tal efecto; y

Las resoluciones que dicte la autoridad electoral competente respecto de los informes de ingresos y gastos.

En el caso de los partidos políticos, además deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, la información que se detalla en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Artículo 90.- Además de lo dispuesto en el artículo 81 de esta Ley y lo establecido en el artículo 75 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Universidad de Sonora, la Universidad Estatal de Sonora, el Instituto Tecnológico de Sonora y las Instituciones de Educación Superior que reciban y ejerzan recursos públicos deberán poner a disposición del público y mantener actualizada, en términos de lo establecido en el presente Capítulo, la siguiente información:

Los planes y programas de estudio según el sistema que ofrecen, ya sea escolarizado o abierto, con las áreas de conocimiento, el perfil profesional de quien cursa el plan de estudios, la duración del programa con las asignaturas por semestre, su valor en créditos y una descripción sintética para cada una de ellas;

Toda la información relacionada con sus procedimientos de admisión;

Los indicadores de resultados en las evaluaciones al desempeño de la planta académica y administrativa;

Una lista de los profesores con licencia o en año sabático;

Toda la información relacionada con sus procedimientos administrativos;

La remuneración de los profesores, incluyendo los estímulos al desempeño, nivel y monto;

El listado de las becas y apoyos que otorgan, así como los procedimientos y requisitos para obtenerlos;

Las convocatorias de los concursos de oposición;

La información relativa a los procesos de selección de los consejos;

Los ingresos por concepto de participaciones y aportaciones federales y estatales, incluyendo cuotas, convenios, donativos o remuneraciones diversas, de tal manera que se pueda identificar el monto y su origen al mayor nivel de desagregación posible;

Actas, minutas y acuerdos de sus órganos de gobierno;

El destino de las cuotas estudiantiles que hayan sido cobradas;

Resultado de las evaluaciones del cuerpo docente; y

El listado de instituciones incorporadas y requisitos de incorporación.

Artículo 91.- Además de lo dispuesto en el artículo 81 de esta Ley y lo establecido en el artículo 79 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán poner a disposición del público y mantener actualizada, en términos de lo establecido en el presente Capítulo, la siguiente información:

Contratos y convenios entre sindicatos y autoridades;

El directorio del Comité Ejecutivo; estatal, seccional o local;

El padrón de socios, o agremiados; y

La relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos que reciban y el informe detallado del ejercicio y destino final de los recursos públicos que ejerzan;

Por lo que se refiere a los documentos que obran en el expediente de registro de las asociaciones, únicamente estará clasificada como información confidencial, los domicilios de los trabajadores señalados en los padrones de socios.

Los sujetos obligados que asignen recursos públicos a los sindicatos, deberán habilitar un espacio en sus páginas de Internet para que éstos cumplan con sus obligaciones de transparencia y dispongan de la infraestructura tecnológica para el uso y acceso a la Plataforma Nacional. En todo momento el sindicato será el responsable de la publicación, actualización y accesibilidad de la información.

Artículo 92.- Además de lo dispuesto en el artículo 81 de esta Ley y lo establecido en el artículo 77 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los Fideicomisos, Fondos Públicos, mandatos o cualquier contrato análogo, deberán poner a disposición del público y mantener actualizada, en términos de lo establecido en el presente Capítulo, la siguiente información:

Reglas de operación y cualquier otra normatividad interna del fideicomiso o fondo público, con independencia de su denominación, sea o no publicada en el Boletín Oficial del Estado de Sonora;

Impacto social derivado del cumplimiento de las acciones que realiza el fideicomiso o fondo público;

Actas de los comités técnicos y otros órganos colegiados con funciones directivas en el fideicomiso o fondo público, cualquiera que sea su denominación; y

Indicadores de Gestión del fideicomiso o fondo público y los indicadores resultados de su aplicación anual.

Artículo 93.- El Instituto determinará los casos en que las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, cumplirán con las obligaciones de transparencia y acceso a la información directamente o a través de los sujetos obligados que les asignen dichos recursos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad.

Para tal propósito, los sujetos obligados correspondientes deberán enviar trimestralmente al Instituto un listado de las personas físicas o morales a los que, por cualquier motivo, asignaron recursos públicos o, en los términos que establezcan las disposiciones aplicables, ejercen actos de autoridad.

Para la resolución que se emita al respecto, el Instituto deberá atender a lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley General.

SECCIÓN IV

DE LA VERIFICACIÓN Y DENUNCIA DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

Artículo 94.- El Instituto vigilará que la obligaciones de transparencia que publiquen los sujetos obligados en términos de lo establecido por este Capítulo, cumplan con lo dispuesto en la Ley General, lo dispuesto en la presente Ley y las demás disposiciones aplicables.

El ejercicio de vigilancia a que se refiere el párrafo anterior, se realizará en términos de lo establecido por los artículos 86 a 88 de la Ley General.

Artículo 95.- Cualquier persona podrá denunciar ante el Instituto la falta de publicación de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, previstas en el presente Capítulo.

El procedimiento para denunciar, así como su sustanciación y resolución por parte del Instituto, se realizará en términos de lo dispuesto por los artículos 89 al 99 del Capítulo VII del Título Quinto de la Ley General.

CAPÍTULO SEPTIMO

DE LA INFORMACIÓN CLASIFICADA

SECCIÓN I

DE LA INFORMACIÓN RESERVADA

Artículo 96.- Los sujetos obligados, por conducto de los titulares de sus áreas, podrán excepcionalmente restringir el acceso a información pública en su poder, cuando por razones de interés público ésta deba ser clasificada como reservada hasta por cinco años, en razón de que su publicación podría generar cualquiera de los siguientes supuestos:

Ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona física;

Pueda comprometer la seguridad pública del Estado y sus Municipios, y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;

Pueda causar un serio perjuicio u obstruya:

Las actividades de prevención o persecución de los delitos;

Las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; y

Los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos en tanto no se haya dictado resolución definitiva.

Contengan las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada. Se considera que se ha adoptado la decisión definitiva cuando el o los servidores públicos responsables de tomar la resolución resuelvan de manera concluyente una etapa, sea o no susceptible de ejecución;

Afecte el derecho al debido proceso;

Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;

Se trate de información contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público;

Toda aquella información que por disposición expresa de una ley tenga tal carácter, siempre que sea acorde con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales que el Estado Mexicano sea parte.

Artículo 97.- En todo caso, los supuestos de reserva previstos en el artículo anterior se deberán fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en los artículos 103, 104 y 105 del Título Sexto de la Ley General.

Artículo 98.- No podrá clasificarse como información reservada aquella información a la que hace referencia el artículo 5 de la presente Ley.

SECCIÓN II

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN RESERVADA

Artículo 99.- La información pública solamente podrá reservarse con base en las causales de reserva previstas en la Ley General.

La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en su poder actualiza alguno de las causales de reserva.

Los sujetos obligados clasificarán información pública como reservada a través de la aplicación de la prueba de daño en los términos que al efecto disponen la Ley General y esta Ley. La información reservada se sujetará al principio de excepcionalidad. El procedimiento para su determinación se llevará a cabo caso por caso.

Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de clasificar la información, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General y la presente Ley.

Artículo 100.- El acta de clasificación de la información como reservada, que emita el titular del área correspondiente del sujeto obligado, deberá indicar:

La fuente y el archivo donde se encuentra la información;

La fundamentación y motivación que dieron origen a la clasificación;

La parte o las partes del documento que se reserva, o si este se reserva en su totalidad;

La fecha en que se clasifica el documento y el plazo de reserva;

El área responsable de su custodia;

La firma digital o autógrafa de quien clasifica; y

La justificación de la prueba del daño.

Artículo 101.- En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que:

La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público;

El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda; y

La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

Artículo 102.- La clasificación de la información deberá estar debidamente fundada y motivada y deberá demostrar la existencia de elementos objetivos a partir de los cuales se infiera que con el acceso a la información existe probabilidad de dañar el interés público.

Artículo 103.- La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:

Se reciba una solicitud de acceso a la información;

Se determine mediante resolución de autoridad competente; o

Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en esta Ley.

En todo caso, los documentos clasificados parcial o totalmente deberán estar acompañados del acta de reserva al que se refiere el artículo 100 de la presente Ley, llevar una leyenda que indique tal carácter, la fecha de la clasificación, el fundamento legal y, en su caso, el periodo de reserva.

Los sujetos obligados deberán generar índices de su información clasificada como reservada proporcionando el tiempo de reserva, la motivación y fundamento legal y deberán estar organizados por rubros temáticos.

Artículo 104.- Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general que clasifiquen documentos o información como reservada. La clasificación podrá establecerse de manera parcial o total de acuerdo al contenido de la información del documento y deberá estar acorde con la actualización de los supuestos definidos en las disposiciones aplicables como información clasificada.

En ningún caso se podrán clasificar documentos antes de que se genere la información.

Artículo 105.- Previo a que se entregue el acta de clasificación a la Unidad de Transparencia como respuesta a una solicitud de acceso a la información, el titular del área deberá remitirla al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver, dentro del plazo para dar respuesta a la solicitud de información, a fin de:

Confirmar la clasificación; o

Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información,

Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de daño.

Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva.

Artículo 106.- La información reservada dejará de tener dicho carácter y será de acceso público cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas:

Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación;

Expire el plazo de clasificación;

Exista resolución de una autoridad competente que determine que existe una causa de interés público que prevalece sobre la reserva de la información; o

El Comité de Transparencia del sujeto obligado correspondiente considere pertinente la desclasificación.

Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de Transparencia, podrán ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo de tres años adicionales, siempre y cuando justifiquen que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación, mediante la aplicación de una prueba de daño.

Para los casos previstos por la fracción II, cuando se trate de información cuya publicación pueda ocasionar la destrucción o inhabilitación de la infraestructura de carácter estratégica para la provisión de bienes o servicios públicos, y que a juicio de un sujeto obligado sea necesario ampliar nuevamente el periodo de reserva de la información; el Comité de Transparencia respectivo deberá hacer la solicitud correspondiente al Instituto, debidamente fundada y motivada, aplicando la prueba de daño y señalando el nuevo plazo de reserva, por lo menos con tres meses de anticipación al vencimiento del periodo. El Instituto deberá responder dentro de un plazo de hasta 40 días hábiles y no podrá excederse del período establecido para el vencimiento de la reserva.

SECCIÓN III

DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Artículo 107.- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales de una persona identificada o identificable, mantendrá el carácter de confidencial de manera indefinida y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, o sus representantes legales, y los servidores públicos que requieran conocerla para el debido ejercicio de sus funciones.

Los sujetos obligados deberán tomar las medidas pertinentes para proteger la información que refiere a la vida privada y los datos personales que obren en sus archivos.

Artículo 108.- Se considerará como información confidencial:

Los datos personales que requieran del consentimiento de las personas para su difusión, distribución o comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una ley;

La protegida por los secretos comercial, industrial, bancario, fiscal, fiduciario, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos;

La información protegida por la legislación en materia de patente, derechos de autor o propiedad intelectual; y

Aquella información que presenten los particulares a los sujetos obligados con el carácter de confidencial, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.

Artículo 109.- No se considerará como información confidencial:

Aquella que se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; y

La que por ley, tenga el carácter de pública.

Artículo 110.- Los sujetos obligados que se constituyan como fideicomitentes, fideicomisarios o fiduciarios en fideicomisos que involucren recursos públicos, no podrán clasificar, por ese solo supuesto, la información relativa al ejercicio de éstos, como secreto bancario o fiduciario, sin perjuicio de las demás causales de clasificación que prevé la presente Ley.

Artículo 111.- Los sujetos obligados que se constituyan como usuarios o como institución bancaria en operaciones que involucren recursos públicos, no podrán clasificar, por ese solo supuesto, la información relativa al ejercicio de éstos, como secreto bancario, sin perjuicio de las demás causales de clasificación que prevé la presente Ley.

Artículo 112.- Los sujetos obligados que se constituyan como contribuyentes o como autoridades en materia tributaria, no podrán clasificar la información relativa al ejercicio de recursos públicos como secreto fiscal.

Artículo 113.- Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando se actualicen, en lo conducente, las hipótesis del artículo 120 de la Ley General.

El Instituto deberá aplicar la prueba de interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la divulgación de la información confidencial y el interés público de la información.

Artículo 114.- Los documentos confidenciales serán debidamente custodiados y conservados, conforme a las disposiciones legales aplicables y, en su caso, a los lineamientos que expida el Sistema Nacional.

Artículo 115.- Cuando un Documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una versión pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación.

Artículo 116.- La información contenida en las obligaciones de transparencia no podrá omitirse en las versiones públicas.

CAPÍTULO OCTAVO

DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

SECCIÓN ÚNICA

DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Artículo 117.- Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deberán garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad para que toda persona pueda ejercer el derecho de acceso a la información, mediante solicitudes de información y deberá apoyar al solicitante en la elaboración de las mismas, de conformidad con las bases establecidas en el presente Capítulo.

Los procedimientos relativos al acceso a la información se regirán por los principios: de máxima publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad, sencillez, prontitud, expedites y libertad de información.

Los sujetos obligados no podrán establecer en los procedimientos de acceso a la información, mayores requisitos ni plazos superiores a los estrictamente establecidos en esta Ley, a efecto de garantizar que el acceso sea sencillo, pronto y expedito.

Artículo 118.- Cualquier persona, por sí misma o a través de su representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá presentar solicitud de acceso a información ante la Unidad de Transparencia, a través de la Plataforma Nacional, en la oficina u oficinas designadas para ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional.

Cuando la solicitud se realice verbalmente, el encargado de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado que se trate, registrará en un acta o formato la solicitud de información, que deberá cumplir con los requisitos del artículo 120 de esta Ley, y entregará una copia de la misma al interesado.

Artículo 119.- Salvo que el solicitante formule su solicitud directamente a través de la Plataforma Nacional, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la Plataforma Nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante, en el que se indique la fecha de recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables.

Artículo 120.- Para presentar una solicitud no se podrán exigir mayores requisitos que los siguientes:

Nombre o, en su caso, los datos generales de su representante;

Domicilio o medio para recibir notificaciones;

La descripción de la información solicitada;

Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización; y

La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa, mediante la expedición de copias simples o certificadas o la reproducción en cualquier otro medio, incluidos los electrónicos.

En su caso, el solicitante señalará el formato accesible o la lengua indígena en la que se requiera la información.

La información de las fracciones I y IV será proporcionada por el solicitante de manera opcional y, en ningún caso, podrá ser un requisito indispensable para la procedencia de la solicitud.

Artículo 121.- Cuando el particular presente su solicitud por medios electrónicos a través de la Plataforma Nacional, se entenderá que acepta que las notificaciones le sean efectuadas por dicho sistema, salvo que señale un medio distinto para efectos de las notificaciones.

En el caso de solicitudes recibidas en otros medios, en las que los solicitantes no proporcionen un domicilio o medio para recibir la información o, en su defecto, no haya sido posible practicar la notificación, se notificará por estrados en la oficina de la Unidad de Transparencia.

Artículo 122.- Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se practiquen.

Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, éstos se entenderán como hábiles, salvo indicación en otro sentido.

Artículo 123.- Cuando los detalles proporcionados para localizar los documentos resulten insuficientes, incompletos o sean erróneos, la Unidad de Transparencia podrá requerir al solicitante, por una sola vez y dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días, contados a partir de la presentación de la solicitud, para que, en un término de hasta diez días, indique otros elementos o corrija los datos proporcionados o bien, precise uno o varios requerimientos de información.

Este requerimiento interrumpirá los plazos de respuesta, de aceptación o declinación por razón de competencia previstos en los artículos 125 y 129 de esta Ley, por lo que comenzará a computarse nuevamente al día siguiente del desahogo por parte del particular. En este caso, el sujeto obligado atenderá la solicitud en los términos en que fue desahogado el requerimiento de información adicional.

La solicitud se tendrá por no presentada cuando los solicitantes no atiendan el requerimiento de información adicional. En el caso de requerimientos parciales no desahogados, se tendrá por presentada la solicitud por lo que respecta a los contenidos de información que no formaron parte del requerimiento.

Artículo 124.- Sea que una solicitud de información pública haya sido aceptada o declinada por razón de competencia, deberá notificarse la resolución correspondiente al solicitante, dentro de los cinco días hábiles siguientes de recibida aquella.

En caso de no practicarse la notificación a que se refiere el párrafo anterior dentro del plazo estipulado, de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada afirmativamente la solicitud correspondiente, excepto cuando la misma se refiera a información que previamente se encuentre declarada como de acceso restringido. La entrega de la información que corresponda a la afirmativa ficta prevista en este apartado deberá realizarse dentro de un plazo no mayor a quince días hábiles, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva y, cuando fuere el caso de que la información se hubiere solicitado reproducida, ésta deberá entregarse sin costo para el solicitante.

Artículo 125.- Si la solicitud se presenta ante una unidad de transparencia que no sea competente para entregar la información, o que no la tenga por no ser de su ámbito, la oficina receptora deberá definir dentro de 3 días hábiles, quien es la autoridad competente o que disponga de la información, remitiéndole de inmediato la solicitud a su unidad de transparencia para que sea atendida en los términos de esta Ley y comunicando tal situación al solicitante.

Si los sujetos obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información sobre la cual es incompetente se procederá conforme a lo señalado en el párrafo anterior.

Artículo 126.- Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita.

Todos los sujetos obligados procurarán tener disponible la información pública al menos en formatos electrónicos.

En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega de la misma en formatos abiertos.

Artículo 127.- Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, deberá de atender la forma y términos en que solicitó se le entregara la información requerida sin perjuicio que se le hará saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información en un plazo no mayor a cinco días contados a partir de que se presenta dicha información.

Artículo 128.- Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.

Los titulares de las Áreas Administrativas del Sujeto Obligado, deberán brindar todas las facilidades a su alcance para la atención y respuesta oportuna de la solicitud de información.

Artículo 129.- La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá exceder de quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella.

Artículo 130.- El acceso a la información se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegido por el solicitante.

Artículo 131.- Los sujetos obligados establecerán la forma y términos en que darán trámite interno a las solicitudes en materia de acceso a la información.

La elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo, procederá una vez que se acredite el pago respectivo.

Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado.

Artículo 132.- Cuando se solicite información pública con reproducción de los documentos que la contengan, el sujeto obligado que responda favorablemente dicha petición deberá notificar al interesado dentro de un plazo de cinco días hábiles contado a partir de la fecha en que se haya recibido la solicitud, el monto del pago o los derechos que se causen por la correspondiente reproducción. Si no se realiza el pago respectivo dentro de los siguientes sesenta días naturales se entenderá que el interesado desiste de su solicitud.

Una vez que el solicitante compruebe haber efectuado el pago correspondiente, el sujeto obligado deberá entregar la información reproducida de que se trate dentro de un plazo de diez días hábiles a partir de la fecha en que se haya realizado el pago.

Artículo 133.- Cuando no se entregue o ponga a disposición del interesado en tiempo y forma la información que se haya solicitado reproducir, el sujeto obligado deberá entregarla sin cargo alguno dentro de un plazo de cinco días hábiles contados a partir del vencimiento del término para la entrega, debiendo además reintegrarse al mismo tiempo el pago que se hubiere realizado por el peticionario.

Artículo 134.- El sujeto obligado que sin tener a disposición la información solicitada se abstenga de dar respuesta a una solicitud especificando dicha circunstancia en el plazo establecido por el artículo 124, quedará obligado a obtener la información de quien la tenga y entregársela al solicitante en un plazo no mayor a quince días y, cuando fuere el caso de que la información se hubiere solicitado reproducida, ésta deberá entregarse sin costo para el solicitante.

Artículo 135.- Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité de Transparencia:

Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información;

Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del Documento;

Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga de forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de Transparencia; y

Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado quien, en su caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda.

Artículo 136.- La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable de contar con la misma.

Artículo 137.- Las personas físicas y morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, serán responsables del cumplimiento de los plazos y términos para otorgar acceso a la información.

CAPÍTULO NOVENO

DE LOS RECURSOS

SECCIÓN I

DEL RECURSO DE REVISIÓN

Artículo 138.- El solicitante podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, de manera directa o por medios electrónicos, recurso de revisión ante el Instituto o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud, dentro de los quince días siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su notificación.

En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de revisión al instituto a más tardar doce horas de haberlo recibido.

Artículo 139.- El recurso de revisión procederá en contra de:

La clasificación de la información;

La declaración de inexistencia de información;

La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;

La entrega de información incompleta;

La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;

La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en esta Ley;

La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al solicitado;

La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o no accesible para el solicitante;

Los costos o tiempos de entrega de la información;

La falta de trámite a una solicitud;

La negativa a permitir la consulta directa de la información;

La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta;

La orientación a un trámite específico; u,

Otros actos u omisiones de los sujetos obligados derivados de la aplicación de la presente Ley.

La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso de revisión que proceda por las causales señaladas en las fracciones III, VI, VIII, IX, X y XI es susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante el Instituto.

Artículo 140.- El recurso de revisión deberá contener:

El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud;

El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero interesado,

Dirección o medio que señale para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica;

El número de folio de la solicitud de acceso;

La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto reclamado, o de presentación de la solicitud, en caso de falta de respuesta;

El acto u omisión que se recurre;

Las razones o motivos de inconformidad; y

La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente, salvo en el caso de respuesta de la solicitud.

Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás elementos que considere procedentes someter a juicio del Instituto.

En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión interpuesto.

Artículo 141.- Si el escrito de interposición del recurso no cumple con alguno de los requisitos establecidos en el artículo anterior y el Instituto no cuenta con elementos para subsanarlos, se prevendrá al recurrente, por una sola ocasión y a través del medio que haya elegido para recibir notificaciones, con el objeto de que subsane las omisiones dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días, contados a partir del día siguiente de la notificación de la prevención, con el apercibimiento de que, de no cumplir, se desechará el recurso de revisión.

La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene el Instituto para resolver el recurso, por lo que comenzará a computarse a partir del día siguiente a su desahogo.

No podrá prevenirse por el nombre que proporcione el solicitante.

Artículo 142.- El Instituto resolverá el recurso de revisión en un plazo que no podrá exceder de cuarenta días, contados a partir de la admisión del mismo, de conformidad con la normatividad aplicable, plazo que podrá ampliarse por una sola vez y hasta por período de 20 días.

En la resolución del recurso, el Instituto deberá suplir en todo momento cualquier deficiencia de la queja a favor del recurrente, buscando garantizar el absoluto respeto al derecho a la información y al principio de máxima publicidad, así como los demás principios que rigen su actuación, asegurándose de que los recurrentes puedan presentar libremente y sin formalidades, de manera oral o escrita, sus pretensiones.

Artículo 143.- En todo momento, los Comisionados deberán tener acceso a la información clasificada para determinar su naturaleza según se requiera. El acceso se dará de conformidad con la normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el resguardo o salvaguarda de la información.

Artículo 144.- Para los efectos del presente capitulo el Instituto contara con ponencias a cargo de cada uno de los comisionados quedado integradas al menos, de la siguiente manera:

Oficialías;

Actuarias;

Secretarias de acuerdos;

Secretarios Proyectistas; y

Secretarios de Ejecución.

Artículo 145.- En lo relativo a la substanciación del recurso de revisión, procedimiento y reglas para el funcionamiento de las ponencias de los Comisionados, el Instituto emitirá los lineamientos en la materia correspondiente.

Artículo 146.- La información reservada o confidencial que, en su caso, sea consultada por los Comisionados, por resultar indispensable para resolver el asunto, deberá ser mantenida con ese carácter y no deberá estar disponible en el Expediente, salvo en los casos en los que sobreviniera la desclasificación de dicha información y continuara bajo el resguardo del sujeto obligado en el que originalmente se encontraba o cuando se requiera, por ser violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Artículo 147.- El Instituto, al resolver el recurso de revisión, deberá aplicar una prueba de interés público con base en elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, cuando exista una colisión de derechos.

Para estos efectos, se entenderá por:

Idoneidad: La legitimidad del derecho adoptado como preferente, que sea el adecuado para el logro de un fin constitucionalmente válido o apto para conseguir el fin pretendido;

Necesidad: La falta de un medio alternativo menos lesivo a la apertura de la información, para satisfacer el interés público; y

Proporcionalidad: El equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del interés público, a fin de que la decisión tomada represente un beneficio mayor al perjuicio que podría causar a la población.

Artículo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:

Interpuesto el recurso de revisión, el Presidente del Instituto lo turnará al Comisionado ponente que corresponda, quien deberá proceder a su análisis para que, en un plazo de tres días, decrete su admisión, prevención o su desechamiento;

Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las partes, para que, en un plazo máximo de siete días, manifiesten lo que a su derecho convenga;

Dentro del plazo mencionado en la fracción II del presente artículo, las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos excepto la confesional por parte de los sujetos obligados y aquéllas que sean contrarias a derecho;

El Comisionado ponente podrá determinar la celebración de audiencias con las partes durante la sustanciación del recurso de revisión;

Concluido el plazo señalado en la fracción II del presente artículo, el Comisionado ponente procederá a decretar el cierre de instrucción;

El instituto no estará obligado a atender la información remitida por el sujeto obligado una vez decretado el cierre de instrucción; y

Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución, la cual deberá dictarse dentro de un plazo que no podrá exceder de veinte días.

En todo caso el Instituto deberá privilegiar el uso de notificaciones electrónicas en la sustanciación y trámite del recurso de revisión.

Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:

Desechar o sobreseer el recurso;

Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o

Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.

Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días para la entrega de información. Excepcionalmente, el Instituto, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera.

Las resoluciones del instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.

Artículo 150.- En las resoluciones el Instituto podrá señalarle a los sujetos obligados que la información que deben proporcionar sea considerada como obligación de transparencia de conformidad con el Capítulo Sexto de la presente Ley, atendiendo a la relevancia de la información, la incidencia de las solicitudes sobre la misma y el sentido reiterativo de las resoluciones.

Artículo 151.- El Instituto deberá notificar a las partes y publicar las resoluciones, a más tardar, al tercer día siguiente de su aprobación.

Los sujetos obligados deberán informar al Instituto, el cumplimiento de sus resoluciones en un plazo no mayor a tres días.

Artículo 152.- Cuando el Instituto determine durante la sustanciación del recurso de revisión, que pudo haberse incurrido en una probable responsabilidad por el incumplimiento a las obligaciones previstas en esta Ley y las demás disposiciones aplicables en la materia, deberán hacerlo del conocimiento del órgano interno de control o de la instancia competente para que ésta inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad respectivo.

Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:

Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 138 de la presente Ley;

Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el recurrente;

No actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 139 de la presente Ley;

No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el artículo 141 de la presente Ley;

Se impugne la veracidad de la información proporcionada;

Se trate de una consulta; o

El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos contenidos.

Artículo 154.- El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se actualicen alguno de los siguientes supuestos:

El recurrente se desista;

El recurrente fallezca;

El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso de revisión quede sin materia; o

Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia en los términos del presente Capítulo.

Artículo 155.- El Instituto podrá solicitar al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que éste analice y, en su caso, ejerza la facultad de atracción para conocer de aquellos recursos de revisión pendientes de resolución que por su interés y trascendencia así lo ameriten, de conformidad con los lineamientos y criterios generales aplicables y sin perjuicio de la facultad de atracción oficiosa del Instituto Nacional y los supuestos en los que el Instituto sea el sujeto obligado recurrido.

Para efecto de la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere el párrafo anterior, el Instituto deberá formular la misma ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales dentro de un plazo no mayor a tres días contados a partir de la fecha en que hubiere sido interpuesto el recurso de revisión. Transcurrido dicho plazo, se tendrá por precluído el derecho del Instituto para hacer la solicitud de ejercicio de facultad de atracción.

En todo caso, la solicitud de atracción del recurso de revisión interrumpirá el plazo que tiene el Instituto para resolverlo. El cómputo continuará a partir del día siguiente al en que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales haya notificado al organismo garante local la determinación de no atraer el recurso de revisión.

SECCIÓN II

DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD

Artículo 156.- Tratándose de las resoluciones a los recursos de revisión del Instituto, los particulares podrán optar por acudir ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la Federación.

El recurso de inconformidad se sustanciará en los términos previstos para tal propósito en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En caso de presentarse recurso de inconformidad por escrito ante el Instituto, éste deberá hacerlo del conocimiento del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, al día siguiente de su recepción, acompañándolo con la resolución impugnada, a través de la Plataforma Nacional.

Artículo 157.- En los casos en que a través del recurso de inconformidad se modifique o revoque lo decidido en el recurso de revisión, el Instituto procederá a emitir un nuevo fallo, atendiendo los lineamientos que se fijaron al resolver la inconformidad, dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que se hubiere notificado o se tenga conocimiento de la resolución dictada en la inconformidad.

Excepcionalmente, considerando las circunstancias especiales de cada caso en concreto, el Instituto, de manera fundada y motivada, podrán solicitar al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, una ampliación de plazo para la emisión de la nueva resolución, la cual deberá realizarse a más tardar cinco días antes de que venza el plazo otorgado para el cumplimiento de la resolución.

Artículo 158.- Una vez emitida la nueva resolución por el Instituto en cumplimiento al fallo del recurso de inconformidad, la notificará sin demora, a través de la Plataforma Nacional al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como al sujeto obligado que corresponda, a través de su Unidad de Transparencia, para efecto del cumplimiento.

Artículo 159.- El sujeto obligado, a través de la Unidad de Transparencia deberá cumplir con la nueva resolución que le hubiere notificado el Instituto en cumplimiento al fallo del recurso de inconformidad, en un plazo no mayor a diez días, a menos de que en la misma se hubiere determinado un plazo mayor para su cumplimiento. En el propio acto en que se haga la notificación al sujeto obligado, se le requerirá para que informe sobre el cumplimiento que se dé a la resolución de referencia.

Artículo 160.- Una vez cumplimentada la resolución a que se refiere el artículo anterior por parte del sujeto obligado, éste deberá informar al Instituto, respecto de su cumplimiento, lo cual deberá hacer dentro del plazo previsto en el artículo anterior.

Artículo 161.- El Instituto realizará el seguimiento y vigilancia del debido cumplimiento por parte del sujeto obligado respectivo de la nueva resolución emitida como consecuencia de la inconformidad, en términos de la Sección III del presente Capítulo.

SECCIÓN III

DEL CUMPLIMIENTO

Artículo 162.- Los sujetos obligados, a través de la Unidad de Transparencia, darán estricto cumplimiento a las resoluciones del Instituto y deberán informar a éste sobre su cumplimiento.

Excepcionalmente, considerando las circunstancias especiales del caso, los sujetos obligados podrán solicitar al Instituto, de manera fundada y motivada, una ampliación del plazo para el cumplimiento de la resolución.

Dicha solicitud deberá presentarse, a más tardar, dentro de los primeros cinco días del plazo otorgado para el cumplimiento, a efecto de que el Instituto resuelva sobre la procedencia de la misma dentro de los cinco días siguientes.

Artículo 163.- Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior, el sujeto obligado deberá informar al Instituto sobre el cumplimento de la resolución.

El Instituto verificará de oficio la calidad de la información y, a más tardar al día siguiente de recibir el informe, dará vista al recurrente para que, dentro de los cinco días siguientes, manifieste lo que a su derecho convenga. Si dentro del plazo señalado el recurrente manifiesta que el cumplimiento no corresponde a lo ordenado por el Instituto, deberá expresar las causas específicas por las cuales así lo considera.

Artículo 164.- El Instituto deberá pronunciarse, en un plazo no mayor a cinco días, sobre todas las causas que el recurrente manifieste así como del resultado de la verificación realizada. Si el Instituto considera que se dio cumplimiento a la resolución, emitirá un acuerdo de cumplimiento y se ordenará el archivo del Expediente. En caso contrario, el Instituto:

Emitirá un acuerdo de incumplimiento;

Notificará al superior jerárquico del responsable de dar cumplimiento, para el efecto de que, en un plazo no mayor a cinco días, se dé cumplimiento a la resolución; y

Determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el siguiente Capítulo.

CAPÍTULO DÉCIMO

DE LAS MEDIDAS DE APREMIO Y SANCIONES

SECCIÓN I

DE LAS MEDIDAS DE APREMIO

Artículo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto podrá decretar y ejecutar:

El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48 horas subsiguientes, el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con independencia de que también podrán aplicarse sin apercibimiento previo.

La multa con cargo al servidor público responsable que determine el Instituto o del representante legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en la capital del Estado.

Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.

Todas las autoridades del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y eficiente de las precitadas medidas coactivas.

Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir de cualquier modo el cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este artículo, sea quien fuere de quien provenga, será castigada con el doble de la pena que corresponda al delito de incumplimiento del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio Público no exigirá más requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.

Artículo 166.- Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas por el Instituto y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.

Las multas que fije el Instituto se harán efectivas ante la Secretaría de Hacienda del Estado, a través de los procedimientos que las leyes establezcan para la ejecución de créditos fiscales.

Artículo 167.- El Instituto establecerá los mecanismos y plazos para la notificación y ejecución de las medidas de apremio que se apliquen, en un plazo máximo de quince días, contados a partir de que sea notificada la medida de apremio.

SECCIÓN II

DE LAS SANCIONES

Artículo 168.- Son causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, las siguientes conductas:

La falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos señalados en la normatividad aplicable;

Actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación de las solicitudes en materia de acceso a la información o bien, al no difundir la información relativa a las obligaciones de transparencia previstas en la presente Ley;

Incumplir los plazos de atención previstos en la presente Ley;

Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente, sin causa legítima, conforme a las facultades correspondientes, la información que se encuentre bajo la custodia de los sujetos obligados y de sus Servidores Públicos o a la cual tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión;

Entregar información incomprensible, incompleta, en un formato no accesible, una modalidad de envío o de entrega diferente a la solicitada previamente por el usuario en su solicitud de acceso a la información, al responder sin la debida motivación y fundamentación establecidas en esta Ley;

No actualizar la información correspondiente a las obligaciones de transparencia en los plazos previstos en la presente Ley;

Declarar con dolo o negligencia la inexistencia de información cuando el sujeto obligado deba generarla, derivado del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones;

Declarar la inexistencia de la información cuando exista total o parcialmente en sus archivos;

No documentar con dolo o negligencia, el ejercicio de sus facultades, competencias, funciones o actos de autoridad, de conformidad con la normatividad aplicable;

Realizar actos para intimidar a los solicitantes de información o inhibir el ejercicio del derecho;

Denegar intencionalmente información que no se encuentre clasificada como reservada o confidencial;

Clasificar como reservada, con dolo o negligencia, la información sin que se cumplan las características señaladas en la presente Ley. La sanción procederá cuando exista una resolución previa del instituto, que haya quedado firme;

No desclasificar la información como reservada cuando los motivos que le dieron origen ya no existan o haya fenecido el plazo, cuando el instituto determine que existe una causa de interés público que persiste o no se solicite la prórroga al Comité de Transparencia;

No atender los requerimientos establecidos en la presente Ley, emitidos por el Instituto o el Instituto Nacional.

No acatar las resoluciones emitidas por el Instituto o el Instituto nacional en ejercicio de sus funciones.

El Instituto determinará los criterios para calificar las sanciones conforme a la gravedad de la falta, en su caso, las condiciones económicas del infractor y la reincidencia.

Las sanciones de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.

Artículo 169.- Las conductas a que se refiere el artículo anterior serán sancionadas por el Instituto, según corresponda y, en su caso, conforme a su competencia darán vista a la autoridad competente para que imponga o ejecute la sanción.

Artículo 170.- Las responsabilidades que resulten de los procedimientos administrativos correspondientes derivados de la violación a lo dispuesto por el artículo 168 de esta Ley, son independientes de las del orden civil, penal o de cualquier otro tipo que se puedan derivar de los mismos hechos.

Dichas responsabilidades se determinarán, en forma autónoma, a través de los procedimientos previstos en las leyes aplicables y las sanciones que, en su caso, se impongan por las autoridades competentes, también se ejecutarán de manera independiente.

Para tales efectos, el Instituto podrá denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto u omisión violatoria de esta Ley y aportar las pruebas que consideren pertinentes, en los términos de las leyes aplicables.

Artículo 171.- Ante incumplimientos en materia de transparencia y acceso a la información por parte de los partidos políticos, el Instituto dará vista al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que resuelva lo conducente, sin perjuicio de las sanciones establecidas para los partidos políticos en las leyes aplicables.

Artículo 172.- En el caso de probables infracciones relacionadas con fideicomisos o fondos públicos, sindicatos o personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, el Instituto deberá dar vista al órgano interno de control del sujeto obligado relacionado con éstos, cuando sean servidores públicos, con el fin de que instrumenten los procedimientos administrativos a que haya lugar.

En aquellos casos en que el presunto infractor tenga la calidad de Servidor Público, el Instituto deberá remitir a la autoridad competente, junto con la denuncia correspondiente, un expediente en que se contengan todos los elementos que sustenten la presunta responsabilidad administrativa.

La autoridad que conozca del asunto deberá informar de la conclusión del procedimiento y en su caso, de la ejecución de la sanción al Instituto.

Artículo 173.- Cuando se trate de presuntos infractores de sujetos obligados que no cuenten con la calidad de Servidor Público, el Instituto será la autoridad facultada para conocer y desahogar el procedimiento sancionatorio conforme a esta Ley; y deberá llevar a cabo las acciones conducentes para la imposición y ejecución de las sanciones.

Artículo 174.- El procedimiento a que se refiere el artículo anterior dará comienzo con la notificación que efectúe el Instituto al presunto infractor, sobre los hechos e imputaciones que motivaron el inicio del procedimiento y le otorgarán un término de quince días para que rinda pruebas y manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. En caso de no hacerlo, el Instituto, de inmediato, resolverá con los elementos de convicción que disponga.

El Instituto admitirá las pruebas que estime pertinentes y procederá a su desahogo; y concluido que esto sea, notificará al presunto infractor el derecho que le asiste para que, de considerarlo necesario, presente sus alegatos dentro de los cinco días siguientes a su notificación.

Una vez analizadas las pruebas y demás elementos de convicción, el Instituto resolverá, en definitiva, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que inició el procedimiento sancionador. Dicha resolución deberá ser notificada al presunto infractor y, dentro de los diez días siguientes a la notificación, se hará pública la resolución correspondiente.

Cuando haya causa justificada por acuerdo indelegable del Pleno del Instituto, podrá ampliar por una sola vez y hasta por un periodo igual el plazo de resolución.

Artículo 175.- En las normas respectivas del Instituto se precisará toda circunstancia relativa a la forma, términos y cumplimiento de los plazos a que se refiere el procedimiento sancionatorio previsto en esta Ley, incluyendo la presentación de pruebas y alegatos, la celebración de audiencias, el cierre de instrucción y la ejecución de sanciones. En todo caso, será supletorio a este procedimiento sancionador lo dispuesto en Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.

Artículo 176.- Las infracciones a lo previsto en la presente Ley por parte de sujetos obligados que no cuenten con la calidad de servidor público, serán sancionadas con:

El apercibimiento, por única ocasión, para que el sujeto obligado cumpla su obligación de manera inmediata, en los términos previstos en esta Ley, tratándose de los supuestos previstos en las fracciones I, III, V, VI y X del artículo 168 de esta Ley.

Si una vez hecho el apercibimiento no se cumple de manera inmediata con la obligación, en los términos previstos en esta Ley, tratándose de los supuestos mencionados en esta fracción, se aplicará multa de ciento cincuenta a doscientos cincuenta unidades de medida y actualización vigente;

Multa de doscientos cincuenta a ochocientos unidades de medida y actualización vigente, en los casos previstos en las fracciones II y IV del artículo 168 de esta Ley, y

Multa de ochocientos a mil quinientos unidades de medida y actualización vigente, en los casos previstos en las fracciones VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV y XV del artículo 168 de esta Ley.

Se aplicará multa adicional de hasta cincuenta unidades de medida y actualización vigente, por día, a quien persista en las infracciones citadas en los incisos anteriores.

Artículo 177.- En caso de que el incumplimiento de las determinaciones del Instituto implique la presunta comisión de un delito, éste deberá denunciar los hechos ante la autoridad competente.

Artículo 178.- Las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o ejerzan actos de autoridad deberán proporcionar la información que permita al sujeto obligado que corresponda, cumplir con sus obligaciones de transparencia y para atender las solicitudes de acceso correspondientes.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado número 16, sección II, de fecha 25 de febrero de 2005, con excepción del Título Segundo, Capítulo Segundo, Secciones Cuarta, Quinta y Sexta, relativos a la Protección de datos Personales, De Los Derechos en Materia de Datos Personales y de los Procedimientos para el Ejercicio de los Derechos en Materia de Datos Personales; así como el Título Quinto, Capítulo Único, relativo al Sistema de Archivos, los cuales permanecerán vigentes hasta en tanto se aprueben las leyes generales en las materias y se armonice el marco normativo estatal correspondiente.

ARTÍCULO TERCERO.- El Instituto, en un plazo de seis meses contado a partir de la entrada en vigor de este ordenamiento legal, deberá emitir y publicar en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, los lineamientos de esta Ley.

ARTÍCULO CUARTO.- La información que los sujetos obligados venían publicando continuarán realizándolo en los mismos términos, hasta en tanto se aprueben los Lineamientos para los supuestos contemplados en los artículos 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 y 93 de esta Ley.

Los sujetos que estaban obligados a publicar su información con la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, tendrán un plazo de 90 días hábiles para publicar las nuevas obligaciones que fueron adicionadas, mismo que empezará a contar a partir de la publicación de los lineamientos emitidos por el Instituto.

Los sujetos obligados de la presente Ley que no se encontraban contemplados en la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, tendrán un plazo de 50 días hábiles para que cumplan con las obligaciones que le fueron impuestas, mismo que empezará a contar a partir de la publicación de los lineamientos emitidos por el Instituto.

ARTÍCULO QUINTO.- Los sujetos obligados, deberán de constituir los Comités de Transparencia en un plazo de 90 días hábiles, contado a partir de la entrada en vigor de los lineamientos.

ARTÍCULO SEXTO.- Los procedimientos de acceso a la información pública y los recursos de revisión que se estén tramitando al momento en que entre en vigor la presente Ley, se substanciarán de acuerdo a los procedimientos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Los vocales del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, desempeñarán el cargo de comisionado durante el resto del periodo por el que fueron designados por el Congreso del Estado, por lo que su encargo concluirá el día 12 de diciembre de 2018.

En caso de que concluya el periodo señalado en el párrafo anterior y el Congreso del Estado no hubiere designado nuevos comisionados, los actuales continuarán en el cargo hasta en tanto se realice las designaciones correspondientes, lo cual no constituirá una ratificación expresa o tácita para la continuidad en dichos cargos.